Privatización de empresas en manos del Estado

La privatización de empresas en manos del Estado constituiría sólo una de una serie de medidas y políticas que deberán llevarse a cabo en Venezuela, pero de suma relevancia e importancia.

Las razones para iniciar una discusión sobre la necesidad de privatizar empresas en manos del Estado resultan numerosas y los contras parecen meramente oportunistas –asomados por grupos de interés-.

Por ejemplo, por un lado, como lo apunta correctamente el economista César Aristimuño, director general de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, en su evento de entorno de noviembre 2018, toda empresa pública deficitaria podría estar contribuyendo al proceso hiperinflacionario en la medida que su financiamiento este siendo fundamentalmente monetizado vía emisión de dinero inorgánico.

Otra arista que se suma a la idea anterior, la constituye no sólo evitar fuentes de despilfarro de recursos públicos y de monetización de déficits, sino adicionalmente que por medio de una serie de privatizaciones podría levantarse una serie de ingresos extraordinarios muy necesarios para una gestión deficitaria y cuya capacidad real de recaudación fiscal en medio de una recesión –ponderando el impacto recesivo de medidas fiscales en este escenario- se encuentra comprometida.

Asimismo, existen otras razones igualmente importantes, como sería, por ejemplo, que la provisión de bienes privados de consumo privado no constituye responsabilidad de Estado alguno.

En la misma línea de argumentos, las empresas públicas carecen de mecanismos eficientes de incentivos y de control que eviten problemas de agencia, que en este caso implique lesión al interés público económico en términos del costo de oportunidad de los recursos públicos.

Ahora bien, este eventual proceso de ordenamiento del Estado, de su tamaño y funciones, implícito y no exhaustivo vía privatizaciones, no tiene por qué constituir una labor fácil, debido a que parte de la hipertrofia del Estado hacia actividades no propias, como las de producción y empresariales, pudo haber formado parte de una estrategia para ganar poder en la economía y sobre un buen número de trabajadores. Tal estatización de numerosas empresas pudo formar parte de una estrategia que busca complicar revertir la actual gestión de gobierno.

Sin embargo, indudablemente se requiere una política de privatización, no solo sobre empresas que resulten “ineficientes” como lo asoma Aristimuño y Asociados, sino potencialmente respecto a todas aquellas empresas en manos del Estado. Lo anterior porque ni en el caso de bienes públicos resulta automático pensar que debe ser el Estado quien los produzca o posea la propiedad de la empresa. En este último caso de bienes públicos, reconociendo los bajos incentivos privados para proveer bienes públicos, pueden diseñarse esquemas de procura para garantizar su provisión eficiente.

Igualmente, para el caso de las privatizaciones habrá que diseñar cuidadosamente esquemas de subastas y licitaciones que garanticen el mayor valor por los activos en manos del Estado y a su vez condiciones de provisión del servicio, por ejemplo, en el caso de servicios públicos, que impliquen beneficios para la sociedad y los usuarios.

Todo lo anterior requiere análisis técnico que podría iniciarse anticipadamente, como parte del rescate y la transición de Venezuela hacia la modernidad.

Fuente: https://ift.tt/2PSKEA8