Chile enfrenta este jueves una nueva jornada de manifestaciones tras un estallido social que suma 18 muertos y que no cede, en un país donde muchos quieren retornar a la normalidad mientras otros optan por seguir en las calles en busca de un profundo cambio al sistema económico.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización este jueves, pero de mañana muchos acudían a su trabajos en el centro de Santiago y el comercio abría tímidamente sus puertas.
«Lo que ha hecho hasta ahora el presidente Piñera es polarizar y tensionar el país. Tenemos hoy en las calles a jóvenes con un fusil en las manos contra sus propios compatriotas», dijo a periodistas Bárbara Figueroa, presidente de la CUT, el sindicato más poderoso de Chile.
Durante la noche, en el quinto día de toque de queda, los disturbios se calmaron en el centro de Santiago aunque en la periferia la situación seguía tensa, con saqueos e incendios que no se detienen en un país en estado de emergencia y con miles de militares en las calles.
Las manifestaciones, que estallaron el viernes pasado tras el aumento en casi 4 centavos de dólar en la tarifa del metro, dejan hasta ahora 18 muertos, cinco de ellos por acción de agentes del estado, en medio de crecientes denuncias de abuso policial y militar.
Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabiliza, además, 535 personas heridas -239 de ellas por armas de fuego- y 2.410 detenidos.
Ciudad en movimiento
Con militares custodiando las estaciones de las tres líneas del metro metropolitano que funcionan parcialmente, muchos de los siete millones de habitantes de Santiago intentaban volver la normalidad siete días después del inicio de la crisis.
Restos de semáforos y de las barricadas que se encienden al caer la noche en la ciudad recuerdan a los santiaguinos que los días de estabilidad social quedaron por ahora en el olvido.
«En la mañana se ve harto movimiento, la gente se está movilizando pero en la tarde todo se pone difícil y empiezan los gases y perdemos lo bueno que tenemos ahora», dijo Maicol Rojas, peruano de 50 años, que vende comida frente a la sede de gobierno.
A las tres líneas de metro, se suman unos 6.000 autobuses que en la superficie intentan compensar la paralización de las otras cuatro líneas del subterráneo.
Algunos supermercados que permanecieron cerrados el miércoles abrirán sus puertas en esta jornada y la mayoría de los colegios públicos recibirán a sus alumnos, en aparente señal de normalidad.
En días anteriores ha habido intentos similares de retomar la rutina, aunque la tranquilidad se ha esfumado al caer la noche, pese a que unos 20.000 militares y policías patrullan las calles apoyados por helicópteros.
En la pasada jornada, cuatro hoteles fueron saqueados y vecinos vestidos con chalecos amarillos realizaron rondas de vigilancia en comunas periféricas para evitar robos.
En la región de Valparaíso (centro) se produjeron ataques a casetas de peajes en la ruta que la une con Santiago, mientras que manifestantes bloqueaban importantes autopistas en la región de la Araucanía (sur).
El ministerio de Defensa de Chile confirmó a la AFP que llamó a reservistas para hacer frente a la crisis social, pero descartó que sean utilizados para patrullar las calles.
Una crisis que no cede
Las multitudinarias manifestaciones han derivado en un movimiento mucho mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las bajísimas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Esto ya es el reclamo de todo un país, nos cansamos», gritaba una manifestante en medio de una multitud que hacía sonar sus cacerolas ante los soldados en Santiago.
El anuncio de una batería de medidas del presidente Piñera el martes parece no haber surtido el efecto deseado. El gobierno prometió una mejora de las pensiones de los más pobres, la suspensión de un aumento del 9,2% de las cuentas de la electricidad, un aumento del salario mínimo, más impuestos para quienes tienen mayores ingresos y una disminución de las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos.
«Esperábamos que este momento de conflicto social aumentara la sensibilidad, pero son las mismas propuestas de hace meses», lamentó Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, también presente en las movilizaciones.
El martes, Piñera pidió «perdón» y reconoció su «falta de visión» para anticipar el estallido, dos días después de haber afirmado que el país estaba «en guerra».
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