Informe Especial | El coronavirus económico venezolano seis meses después

Han pasado 6 meses de emergencia nacional por la expansión de la pandemia de Covid-19 en el país y nos adentramos en el último trimestre de 2020, un año que pasará a la historia como uno de los más complejos en la historia contemporánea del país.

Tal como está el país, tenemos que decir que hemos padecido los efectos de dos virus letales, el Covid-19 y el de la destrucción económica. Si nos atenemos a los datos oficiales y extraoficiales, el segundo ha sido más devastador que el primero.

De acuerdo con el más reciente Informe de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el impacto de las restricciones de movilización por la cuarentena, el cierre de empresas y la escasez de combustibles en la actividad económica sumó 6,9 puntos porcentuales al desempleo existente en todo el país.

Lo anterior significa que, en términos reales, Venezuela está registrando un indicador de desempleo de 25%, pero hay casos puntuales más graves: en el Distrito Capital, donde, al término de los primeros tres meses de confinamiento, hubo un incremento de la desocupación de 10,5 puntos porcentuales.

Los escenarios que estamos manejando indican que, al menos, 20% de la red empresarial ya mermada que existía en marzo no está en condiciones de sobrevivir, si no se adoptan medidas urgentes y potentes para rescatar la economía de una mayor debacle.

Hay sectores que resultan francamente perdedores absolutos en esta pandemia, como el turismo, transporte aéreo y hotelería; construcción e inmobiliario; industria del plástico; transporte terrestre; servicios de reparación; ventas de repuestos automotrices, talleres mecánicos; ropa y calzado, tanto en manufactura como en comercialización; entretenimiento y cultura; centros comerciales; y el pequeño comercio formal de productos perecederos, entre otros.

El próximo trimestre puede ser devastador para estos sectores y muy complicado para otros, porque las capacidades de ajuste financiero de las empresas que los componen son, en extremo, limitadas.

Para que se tenga una idea de las dimensiones de la infección económica derivada del virus SARS-Cov-2, estudios proyectan que la pandemia puede incrementar entre 10 y 12 puntos la pobreza multidimensional, lo que significa que estaríamos alcanzado un histórico nivel de 76% de la población en esta condición socio-económica.

Las proyecciones de reducción del consumo hablan de una disminución esperada de 72% en comparación con el índice ya descendente de 2019. El PIB, severamente infectado por el coronavirus, puede descender 30% al cierre del ejercicio anual, cuando en el primer trimestre la proyección era de una contracción de 15%.

Estamos en el complejo parto de una economía post petrolera, que la expansión del Covid-19 está contribuyendo a gestar, al obligar al sector privado a invertir, pese a los enormes riesgos, para mantener un mínimo de actividad económica, insuficiente para sostener así sea una mínima recuperación, pero relevante como factor seminal de una eventual recuperación sobre bases muy diferentes a la renta petrolera.

Sencillamente, ya no hay renta para capturar, y la que se consiga será monopolizada por el estado-gobierno en su afán de sobrevivir.

Por lo tanto, aunque los indicadores muestran escenarios catastróficos, hay que pensar en que existe un mercado que demanda bienes y servicios al que se debe atender, solo que se debe extremar la gestión de riesgo y medir cada paso con sensatez y responsabilidad.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana la sección Visión Estratégica se centra en analizar los impactos económicos del primer semestre en emergencia nacional por el coronavirus y perfilar los elementos centrales que caracterizarán el último trimestre de 2020, seguramente también afectado por la persistencia del virus.

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