Hablando con claridad, la economía venezolana no tiene, en este momento histórico, grandes incertidumbres sobre su desempeño en el corto y mediano plazos; el problema es que las certidumbres son terriblemente negativas.
En concreto, estamos esperando una contracción de la economía que se ubique entre 25% y 30% y el mantenimiento de la hiperinflación, posiblemente, hasta más allá de lo que resta de 2020, aunque no en los términos explosivos de 2018 y 2019.
La incertidumbre real para determinar qué va a pasar con la economía venezolana está en el plano político-institucional. La primera cosa que se debe señalar es que la opción más probable es que el chavismo siga en el ejercicio del poder, incluso con mayoría clara en la nueva Asamblea Nacional que se votará el próximo 6 de diciembre.
De acuerdo con el más reciente estudio de la encuestadora Delphos, el chavismo sigue siendo minoría, pero, en medio de la pandemia de Covid-19, se ha recuperado ligeramente, mientras que la oposición ha perdido apoyo efectivo.
Los escenarios muestran que con una oposición fragmentada, el gobierno tiene una clara posibilidad de obtener no una simple mayoría, sino una mayoría absoluta en ese parlamento; sin embargo, es muy probable que esa legislatura no sea reconocida por la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países de América Latina; quizás, algunos menos de los que asumen hoy a Juan Guaidó como mandatario interino.
El componente Covid-19 es fundamental para determinar los escenarios políticos. De acuerdo con expertos, los procesos que determinan la realización del proceso comicial representan un riesgo de incremento de contagios superior a 50%, y si la fecha de los comicios llega cuando aún Venezuela no haya superado la fase de expansión, se teme que la abstención, ya de por sí alta por las polémicas condiciones del proceso, se potencie.
Más allá de emitir juicios sobre estas elecciones; parece claro que no resuelven la incertidumbre política, ni contribuyen a mejorar el clima económico. En días pasados, dijimos en una entrevista que solo un acuerdo político sensato permitiría cambiar el signo negativo de nuestra economía y que sean atraídas inversiones urgentes.
Las amenazas del entorno económico son tales que corremos el riesgo de entrar en una etapa en la cual las empresas formales, que pagan impuestos y generan empleos, se conviertan en riesgos inasumibles, ante una contracción del consumo que, según Consecomercio, puede ser de 76% en 2020, y la informalidad se transforme en la marca de fábrica de una economía de subsistencia.
Las dimensiones que va cobrando esta crisis continuada demandan trascender el cálculo político. El gobierno no puede ni debería seguir transfiriendo los costos de mantenerse en el poder a la población, y la oposición debería tener la altura de miras necesaria para reconfigurarse y ofrecer una estrategia viable, amplia y factible para lograr el cambio político que, según las encuestas, la mayoría de la población sigue aspirando.
En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se analiza el impacto del elevado riesgo político que se deriva del conflicto entre oficialismo y oposición en la economía nacional, ya de por sí afectada por una histórica crisis, cuyas consecuencias intrínsecas van pasando de graves a alarmantes.
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