Torino: Ley Antibloqueo faculta a Maduro privatizar empresas a la rusa

Las elecciones parlamentarias en Venezuela convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 6 de diciembre han generado divisiones en la oposición venezolana, de acuerdo con la afirmación sostenida por el politólogo Gabriel Flores en su escrito El laberinto político venezolano, reseña Torino Economics, la unidad de investigación de la consultora financiera Torino Capital en su más reciente informe sobre Venezuela.

En este sentido, Torino Economics recuerda que el 5 enero de 2021 se vence el periodo constitucional de cinco años de la actual Asamblea Nacional (AN), según el artículo 192 de la Constitución Venezolana, la cual establece que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones”.

Esto implica que, constitucionalmente, correspondería a finales de 2020 celebrar las elecciones parlamentarias en el país, dando inicio en el 2021 al nuevo ciclo de 5 años del Parlamento venezolano.

Sin embargo, el país actualmente no presenta las condiciones para poder celebrar comicios “transparentes, libres y justos”, significando esto el cumplimiento de estándares internacionales mínimos que garanticen la integridad del proceso electoral.

Esto bajo una división de la oposición, la cual se debate entre los que consideran que “no podemos solos” y buscan el apoyo internacional para para lograr una transición política y aquellos que promueven la participación en las elecciones pautadas para el 6D bajo un proceso de diálogo político entre las partes.

Para quienes adversan a la gestión de Nicolás Maduro, a juicio de Gabriel Flores, “la crisis de la oposición no se reduce a lo estratégico, sino al reconocimiento entre sí. La ausencia de resultados en el terreno interno ha hecho que la dinámica opositora se reduzca a una competencia de rutas y narrativas que se presentan como excluyentes e irreconocibles por la falta de entendimiento. Esa dinámica ha convertido la discusión opositora en un ‘toma y dame’ afianzado por glorias pasadas, fracasos incuestionables (como el 30 de abril de 2019)».

Torino Economics señala que el liderazgo opositor con mayoría en el Parlamento desde el año 2016, ha optado por el quiebre del chavismo a través de: 1) Tratar de romper la obediencia de la Fuerzas Armadas hacia el oficialismo– Institución que controla y simboliza el uso de la fuerza; 2) Presión social mediante movilizaciones; 3) Junto a sus aliados internacionales implementaron un sistema de incentivos (premios y castigos) con sanciones e investigaciones judiciales (castigos) y la propuesta de un Gobierno de Emergencia Nacional (premios).

Esto con la intención de persuadir a los focos de gravedad que sostienen al chavismo (fuerza y dinero) y generar la ruptura que permita nivelar el terreno para un escenario de negociaciones.

Sin embargo, dicha estrategia no ha sido suficiente, el chavismo ha sabido resistir, por lo tanto, el proceso natural de fragmentación, desgaste y desarticulación de la diversidad opositora es natural.

Las fracturas de la oposición han sido bien aprovechadas por un chavismo que desea no solo mantenerse la mayor cantidad del tiempo en el poder (sorteando en el proceso las sanciones, falta de apoyo y reconocimiento internacional y su muy deficiente manejo de la economía venezolana), sino ampliarlo mediante su control del único poder que no posee actualmente: el poder legislativo, muy a pesar de las declaraciones de Diosdado Cabello, en donde señaló que las leyes que se hicieron en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente «Están por encima de las leyes orgánicas, están por encima de cualquier otra ley porque las dictó una Asamblea Nacional Constituyente (…), esas leyes no van a referendo, son leyes que para tú cambiarlas tienes que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Entre las leyes que la administración de Maduro busca promulgar, está la denominada Ley antibloqueo, siendo uno de sus principales fundamentos la “modificación de los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”, lo cual les abriría: a) la posible devolución de las empresas expropiadas a sus dueños originales y b) la posibilidad de que el gobierno de Maduro entregue la administración de empresas estatales a compañías pertenecientes a países afines políticamente, como es el caso de Irán, según lo señalado por el diputado Ángel Alvarado.

Este segundo punto, les permitiría avanzar en un potencial proceso de privatización y corporativización de empresas al estilo de la Rusia de los años 90 (creándose nuevos incentivos a la corrupción y ampliando así el patrón de corrupción descrito previamente), señala Torino Economics en su informe.

– Elecciones parlamentarias 2015 –

La campaña de la oposición para las elecciones parlamentarias se fundamentó en el descontento social, logrando 112 escaños en el parlamento, unidos en el bloque denominado Mesa de la Unidad (MUD), frente a 55 obtenidos por el partido oficialista PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

Esta victoria electoral obtenida por la oposición venezolana, el 6 de diciembre de 2015, con el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Tibisay Lucena desde finales de 1999, tras 16 años sin obtener la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional (AN), parecía ser un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro en un momento donde la presión de la crisis económica llevó a la ejecución del “voto castigo”. Luego de la publicación oficial de los resultados, Maduro se dirigió al país para aceptar la victoria opositora.

No obstante, antes de que la nueva AN asumiera sus cargos, el 30 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una resolución donde señalaba un presunto fraude acontecido en los comicios en el estado Amazonas, admitiendo la impugnación del PSUV de elección de los cuatro diputados electos en la entidad (3 opositores y 1 oficialista), perdiendo así la oposición la mayoría calificada de dos tercios, siendo esto necesario para aprobar reformas.

Cabe destacar que, la repetición de dichos comicios en esa entidad nunca se concretó, y en agosto de 2016, la AN de mayoría opositora, decidió incorporar a los diputados de Amazonas.

A partir del 30 de diciembre de 2015, el TSJ ha emitido 141 sentencias contra la gestión de la AN, amparándose en la figura jurídica de “desacato”, que se originó tras la incorporación y juramentación de los diputados electos de Amazonas, “despojando de sus funciones al Parlamento”, de acuerdo con lo señalado por el Observatorio Venezolano de Justicia.

En marzo de 2017, la Sala Constitucional del TSJ decidió inhabilitar las competencias de la AN por el incumplimiento de varias sentencias, expresando la sentencia que “se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

– Desmantelamiento del poder legislativo –

La sentencia de inhabilitación de competencias impuesta por el TSJ a la AN fue un duro golpe para el poder legislativo venezolano, destacando que, pocos días antes de la misma, el TSJ había emitido un “decreto de emergencia” donde retiraba la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores, y concedió “atribuciones especiales” a Nicolás Maduro en materia civil, política, económica, social, y penal, ante lo cual Maduro expresó “me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”.

Posteriormente, el 1 de mayo de 2017, Maduro hizo un llamado al “poder constituyente originario”, y de esta manera convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), argumentando que era la única alternativa para la paz en el país.

Esto resultó en un detonante de más sanciones por parte de la administración estadounidense, específicamente del Departamento del Tesoro, el 19 de mayo de 2017, sobre Maikel Moreno, presidente del TSJ, y siete miembros de la Sala Constitucional. Sin embargo, la ANC terminó siendo electa el 30 de julio de 2017, en medio de un proceso que fue desconocido por la oposición venezolana, y obtuvo el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, calificándola como ilegitima.

– ANC como instrumento de los intereses del gobierno de Maduro –

La ANC ha sido instrumento en favor de la administración de Maduro, y el 23 de enero de 2018, aprobó solicitar al CNE la realización de elecciones presidenciales para el 30 de abril de 2018, adelantando la fecha electoral programada para diciembre del mismo año, aprovechando el debilitado poder de convocatoria de la oposición venezolana para ese momento; lo cual se evidenció en las elecciones de gobernadores realizadas en octubre de 2017, donde el oficialismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones en medio de una elecciones inmersas entre denuncias de irregularidades y llamados a la no abstención parte de ambos polos políticos.

La puesta en servicio a la administración del gobierno de Maduro se hizo más evidente tras declaraciones de Diosdado Cabello, actual presidente de la ANC, a inicios del mes de septiembre del presente año, en las cuales admitió que el ente no propondrá ninguna reforma constitucional.

De esta manera, en medio de la persecución política y las presiones judiciales, el país vio un mayor deterioro de su crisis institucional, en la cual se evidencia una duplicidad de poderes.

Actualmente, Venezuela posee tres Asambleas, una en manos de la oposición (AN1), la manejada por la disidencia de la oposición desde enero de 2020 (AN2) y la que está en manos del oficialismo (ANC); dos TSJ, uno que opera a lo interno del país (considerado afín al oficialismo) y el que se encuentra en el exilio, designado en julio de 2017 por la AN (en el caso de este último, los magistrados realizan las sesiones vía web); y dos jefes de estado, verbigracia, Nicolás Maduro quien ejerce el poder dentro del país y el presidente interino autoproclamado en enero de 2019, Juan Guaidó, cuyo poder está centrado en las decisiones o acciones ejecutables desde el exterior gracias al apoyo de la comunidad internacional (más de 48 países apoya su gestión, entre ellos EE. UU.).

Para el 2019, con la autoproclamación en enero de 2019 de Juan Guaidó como presidente interino, toman como bandera de gestión “el cese de la usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres”, y aun entrando al último trimestre de 2020 en medio de la pandemia, no se han logrado ninguno de los tres objetivos, viéndose obligado a canalizar la toma de decisiones y su ejecución al fortalecimiento del apoyo por parte de la comunidad internacional.
Sin embargo, la gestión de la AN durante ese año tuvo un logro importante: generar fisuras en el oficialismo, lo cual propició el regreso de los diputados del PSUV, a sus curules en el parlamento.

– Enfoque de Torino Economics –

Venezuela enfrenta dos fechas decisivas para su futuro en el próximo quinquenio: el 3 de noviembre (como lo hemos resaltado en la nota especial de Torino Economics, “Elecciones presidenciales de EE.UU. ¿un punto de inflexión para la crisis venezolana?”) y el 6 de diciembre. Esta realidad no es ajena a gran parte de la comunidad internacional, quienes no esperan bajo las actuales condiciones que Venezuela pueda celebrar comicios transparentes y bajo mínimas garantías democráticas.

Las posturas en torno a estas elecciones se encuentran dividas, en quienes hacen un llamado al no ausentismo y esperan participar en los comicios, y aquellos que esperan el atraso de las elecciones, a cambio de que, tanto la oposición como el régimen se sienten a negociar sobre unas mejores condiciones electorales.

Por último, Torino Economics concluye en su informe que el escenario más factible es que a nivel interno la administración de Maduro continúe adelante con el proceso electoral, llevando a cabo las elecciones parlamentarias con débiles garantías democráticas.

Adicionalmente, señala que, bajo este escenario, los resultados alcanzados no serían reconocidos a nivel internacional, conduciendo a un mayor aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro.

En estas condiciones, sería previsible una victoria de los partidos afines al gobierno, lo cual significaría la pérdida del último bastión institucional para la oposición ante la administración de Maduro, abriéndole paso al control sobre el parlamento y por tanto con el poder de legislar sin trabas, asegura Torino Economics.

Torino Economics es la unidad de investigación del banco de inversión Torino Capital, que ofrece un análisis de los eventos económicos y políticos relevantes para el mercado en Argentina, Ecuador, Brasil y Venezuela.

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