El Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó la persecución política «generalizada» en Venezuela y votó por extender por otros dos años su misión para investigar las graves violaciones a las libertades en el país.
La misión presentó un informe en Ginebra el mes pasado que concluyó en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus principales ministros eran responsables de posibles «crímenes de lesa humanidad».
El gobierno de Maduro, en un comunicado de la Cancillería, expresó este martes «compromiso» con «el diálogo y la cooperación» con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero dijo que «no reconoce, ni reconocerá, mecanismos paralelos e innecesarios promovidos por un grupo de gobiernos con trayectoria injerencista, creados para instrumentalizar la política en derechos humanos contra las instituciones» venezolanas.
El texto se refirió así a la misión, a la que acusó de tener una posición «sesgada y parcializada».
Encargada de investigar una serie de presuntas violaciones, la misión de la ONU dijo haber encontrado evidencia de que actores estatales, incluido el presidente Maduro, estaban detrás de delitos graves como ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura.
La resolución que extiende la investigación por otros dos años fue adoptada por 22 votos (entre ellos, los de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Alemania, Italia, España) contra tres (Venezuela, Eritrea y Filipinas), y 22 abstenciones.
El Consejo condenó enérgicamente «la represión selectiva y la persecución generalizada por motivos políticos, incluido el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad», señaló la resolución adoptada.
También condenó «las violaciones a la independencia de la Asamblea Nacional» (Parlamento) y «la intervención en la autonomía y composición de varios partidos políticos».
Sin embargo, el comunicado de Venezuela acusó a «Washington y sus gobiernos satélites» de «manipular de manera tendenciosa e ideologizada una materia como los derechos humanos y tratar de convertirla en un arma política».
La misión no pudo visitar Venezuela, debido a que el gobierno no respondió a sus solicitudes y a restricciones aéreas por el covid-19, pero realizó 274 entrevistas a distancia.
El Consejo instó a Bachelet a continuar monitoreando, informando y brindando cooperación técnica con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
Organizaciones civiles en Venezuela como Provea, defensora de derechos humanos, y Foro Penal, avocada a la defensa de detenidos por razones políticas, aplaudieron la decisión, considerando que «acerca» a las víctimas a la «justicia».
«Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables», dijo Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política agudizada en 2019 cuando el jefe del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado, después que la Asamblea Nacional declarara «usurpador» a Maduro tras ser reelegido en cuestionados comicios en 2018.
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