El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la fiscal general interina del país, Sally Yates, horas después de que ésta emitiera un comunicado en el que aseguraba que no defendería la orden ejecutiva sobre inmigración por considerarla ilegal.
Yates “traicionó” al Departamento de Justicia al rechazar hacer cumplir la orden ejecutiva diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, dijo la Casa Blanca en un comunicado, informó DPA.
Paralelamente, el estado de Washington, ubicado en el noroeste del país, anunció una demanda contra el decreto presidencial que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y destacados políticos de la oposición demócrata en el Congreso se manifestaron contra la política de Trump frente al edificio de la Corte Suprema.
La fiscal Yates había sido nombrada por el expresidente Barack Obama y continuaba bajo la administración Trump hasta la confirmación en el Senado del senador Jeff Sessions, el fiscal general designado. Tras la destitución, el Gobierno designó como sucesor temporal de Yates a Dana Boente, fiscal del distrito este de Virginia.
El comunicado de la Casa Blanca criticó a Yates por ser “débil en las fronteras y muy débil en inmigración ilegal”.
Mientras tanto, el fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson, afirmó que se ha presentado una demanda ante una corte federal en Seattle contra el decreto de Trump y, de prosperar, lo dejará sin efecto en todo Estados Unidos. El texto contraviene la Constitución en varios puntos, aseguró, y añadió que varias grandes empresas apoyan la demanda.
El viernes pasado, Trump prohibió la entrada a Estados Unidos por 90 días de todos los ciudadanos de Siria, Irán, Irak, Sudán, Somalia, Libia y Yemen y por 120 días de todos los refugiados, los sirios incluso de forma indefinida.
El lunes el Comité Olímpico estadounidense (USOC) aclaró sin embargo que habrá regulaciones especiales para los deportistas que vayan a participar en certámenes internacionales que se celebran en Estados Unidos y que para ello colaborarán estrechamente con el Gobierno.
También el lunes Trump designó a Thomas Homan como director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según establece un comunicado del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
Homan era directivo del ICE desde 2013 y en su puesto era el responsable de “identificar, arrestar y expulsar a inmigrantes ilegales, incluyendo a aquellos que representan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública”, indicó el comunicado del nombramiento.
Hasta ahora estaba al frente del ICE Daniel Ragsdale, que sigue apareciendo como director en funciones en la web del organismo. Una portavoz del DHS citada por el Washington Post indicó que Ragsdale seguirá como vicedirector.
La ahora exfiscal Yates había emitido una dura reacción a la orden ejecutiva de Trump e indicado a los empleados del Departamento de Justicia que no la defendieran legalmente por no estar segura de que cumpla con la legalidad.
La Casa Blanca defendió la medida pese a la controversia. El portavoz Sean Spicer subrayó que es buena para la seguridad de Estados Unidos. “El presidente será muy proactivo en la protección de este país”, dijo Spicer. “No vamos a esperar a ser atacados y veremos cómo asegurarnos de que no vuelva a pasar”.
También reiteró el argumento de la Administración Trump acerca de que solamente 109 pasajeros de los aproximadamente 325.000 que llegaron a Estados Unidos el domingo fueron detenidos e interrogados.
Todos ingresaron en el país, añadió, ya que sólo se los retuvo temporalmente “para garantizar que la seguridad de los otros 324 millones de estadounidense sea una prioridad”.
Estas 109 personas estaban en tránsito, pero la polémica y la falta de claridad en todo el mundo hizo que un número desconocido de viajeros no hayan podido embarcar. Spicer dijo que serán sometidos ahora a un mayor escrutinio en los consulados de sus países de origen.
La orden ejecutiva de Trump fue criticada por algunos miembros de su Partido Republicano en el Congreso, como Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, que afirmó que fue aplicada de manera demasiado amplia e incompetente.
Incluso Obama rompió su silencio por primera vez desde que dejara el cargo el 20 de enero y dijo que apoya las protestas en todo el país. Su portavoz Kevin Lewis dijo que el expresidente “está en fundamental desacuerdo con la noción de discriminar a individuos por su fe o su religión”.
En la protesta ante la Corte Suprema en Washington, el jefe de la fracción demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo: “Este decreto va contra todo lo que creemos en Estados Unidos”. El país fue en el pasado un faro para todos los perseguidos del mundo, y el decreto de Trump es inhumano. “Lo combatiremos con todo lo que tenemos”, subrayó.
Varios medios publicaron asimismo que numerosos diplomáticos del Departamento de Estado enviaron una nota de protesta a Trump por la decisión. En el escrito afirman que la medida no hace al país más seguro, al contrario de lo que se afirma.
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