Diagnóstico exterior
El proceso de encuentro entre gobierno y oposición en la República Dominicana parece haberse originado por presión de la Unión Europea particularmente el gobierno francés cuando el 29 de agosto el presidente Enmanuel Macron aseveró: “Nuestros conciudadanos no entienden cómo algunos han podido ser tan complacientes con el régimen que se está instaurando en Venezuela. Una dictadura que intenta mantenerse en pie a un precio humanitario sin precedentes”.
Coincidente con las tesis expuesta por el gobierno estadounidense que han justificado una serie de sanciones económicas y a funcionarios venezolanos.
Posteriormente el canciller francés Jean Ives Le Drian, el 12 de septiembre, anuncia después de un encuentro con su colega venezolano Jorge Arreaza al expresar la preocupación por la “situación política, económica y humanitaria en Venezuela” y “ le recordé del riesgo de sanciones europeas”, manifestando la necesidad de ver rápidamente evidencia de que Venezuela está lista para relanzar las “negociaciones” con la oposición y participar de un proceso “creíble y sincero”.
Hacemos hincapié el empleo del término “negociaciones” el cual el gobierno venezolano en procesos de anteriores específicamente en los años 2002- 2004, 2014 y 2016, se ha cuidado de no utilizarlo y sustituirlo por el término “diálogo” implicando este último una “discusión” o “intercambio de opiniones”, pero no se refiere a “acordar ceder posiciones” o “concesiones mutuas” entre las partes.
Por otra parte, el llamado grupo de Lima que ha sostenido el “carácter dictatorial” del gobierno venezolano, el canciller peruano Ricardo Luna había expresado su recomendación sugiriendo que no estaba en “condiciones de recomendar nada a la oposición, pero si yo fuera venezolano, no iría al diálogo,” justificando que con la oposición tan dividida como en la actualidad, “eso puede ser manipulado por el régimen”.
Similar opinión mantuvo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aunque utilizando otros argumentos al advertir junto al ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma, que en la Mesa de la Unidad Democrática hay unos sectores que no representa a la oposición venezolana, particularmente se refería a la comisión opositora que asistiría a Santo Domingo, no siendo lo suficientemente incluyente y no plantear una agenda que resuelva los temas principales del país.
Insinuó Almagro que el partido Primero Justicia, cuya cabeza visible es el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sería uno de esos sectores no representativos; agregando que “es una victoria para el régimen dictatorial como han sido los diálogos anteriores”.
La Mesa de la Unidad Democrática le recordó a Almagro el respaldo “abrumador” que se obtuvo en el Parlamento venezolano auspiciar el “proceso de negociación” con el Gobierno.
Almagro había criticado por “indignante” la posición del diputado opositor Luis Florido – presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional – por haber sugerido por Twitter que los presos, perseguidos y exiliados sean ficha de negociación.
La canciller colombiana María Ángela Holguín expresó tener reservas frente al diálogo: “Nicolás Maduro quiere mantenerse en el poder sin ver el sufrimiento de su pueblo” y observa el escenario “muy difícil por las posiciones radicales y una oposición dividida, que tiene al frente a un Gobierno fuerte, a pesar de las sanciones económicas”.
El canciller de Chile, Herlando Muñoz, advirtió desde Toronto – Canadá que no será parte de un “simulacro” de diálogo entre los “representantes de una parte” de la oposición venezolana y los del Gobierno Nacional en las reuniones en República Dominicana. El gobierno chileno aceptó el rol de “observador” en el mismo.
El presidente Danilo Medina, anfitrión de este proceso, habría aclarado que la “mesa” entre gobierno y oposición no es un “diálogo” sino una “negociación”, al referirse a las expectativas de este proceso recogiendo la tesis de la cancillería francesa.
Diagnostico interno
Sector oposición
La Mesa de Unidad Democrática el 17 de septiembre, anunció que abandonaba “el proceso exploratorio” para un “diálogo” porque el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido los requisitos previos no habiendo condiciones para continuarlo en República Dominicana.
Por otra parte, la Asamblea aprueba 27-11-2017- un acuerdo por mayoría nominal de “Consulta Nacional para el Rescate de los Derechos” mediante un proceso de “negociación”, lo cual promueve la aceptación del “diálogo” entre el gobierno nacional y oposición para garantizar una mejora a la situación de los venezolanos.
Se constituye una fracción o grupo de “diputados disidentes” denominada “fracción 16 Julio” en referencia a la fecha de realización de la “consulta popular”, expresando desacuerdo sobre el procedimiento de consultas promovidas por la Asamblea Nacional sobre los puntos a tratar en Santo Domingo. “No es cierto que arrojó el consenso ni el respaldo necesario para validar la asistencia a los diálogos”, dijo el diputado Biagio Pilieri
Por otra parte, coetáneamente el presidente Nicolás Maduro califica a la Asamblea Nacional “es un cadáver insepulto”, y “no hace falta” y “no existe”, gracias a que “tenemos la Asamblea Nacional Constituyente”; posteriormente esta última aprueba la Ley de Presupuesto del año 2018.
Sector gobierno
Lo que se ha interpretado como un choque de sectores dentro del oficialismo en la empresa económicamente más importante del país y mayor proveedora de ingresos, revela una fragmentación del gobierno producto de las próximas elecciones presidenciales del año 2018, a pesar de que formalmente se busca hacerlo ver como procesos penales con base en denuncias de corrupción en la gestión de la filial CITGO incoadas por el Fiscal Tarek William Saab.
El vicepresidente Tareck El Aissami ha puesto énfasis en este acontecimiento al mencionar que el presidente Maduro sería reelecto obtenidas la mayoría de gobernaciones en octubre y seguramente de alcaldías en el mes de diciembre.
Estas acciones de carácter judicial se tomaron dos días después 28-11-2017; cuando el presidente Maduro sostuvo un encuentro con trabajadores de PDVSA, en la sede de la empresa ubicada en el sector La Campiña de Caracas anunciando: “Tengo encendido el cuerpo y el alma por los hechos de corrupción que he descubierto en Pdvsa”.
Maduro dio a aprobación a El Aissami para sacar a la luz las pruebas halladas en los procesos de investigación, y mostrar las personas involucradas en estos delitos acotando que en la investigación se han descubierto lazos directos con la embajada de Estados Unidos que querían producir un “paro petrolero silencioso”.
La crisis actual en PDVSA tiene rasgos muy semejantes a la origina en 2002, donde el sector meritocrático o “nómina mayor” de la “vieja PDVSA” entró en crisis con sectores medios, trabajadores y sindicales identificados con el oficialismo, incluso se interpretó en su momento que fue dirigida por el “sector militar”.
En el actual episodio se vislumbra un enfrentamiento entre la “nómina mayor oficialista”, particularmente de carácter gerencial civil identificada con el ex – ministro y ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez y el saliente presidente Eulogio del Pino quienes se proclaman como “hijos directos del ex presidente Hugo Chávez” y el actual presidente de PDVSA mayor general Manuel Quevedo identificado con el sector “madurista”.
Ambos sectores se autoproclaman legatarios del ex -presidente Chávez incluso de manera competitiva pero esta referencia resulta más “simbólica” que “real”; al considerarse el “chavismo” en teoría como movimiento político de rasgos “caudillista y personalista”, resulta lógico que se extinguió al fallecer el ex -presidente en el 2013.
Esta crisis revelaría en el fondo un desplazamiento dentro del estado y poder entre dos sectores que cada vez se van diferenciando, antiguos partidarios y burócratas identificados con el “legado Chávez” y otro sector identificado con el presidente Nicolás Maduro respondiendo a una dinámica actual producto del ejercicio del “poder” efectivo por este último.
Conclusión
Lo que se ha puesto en evidencia es la atomización de los actores que concurren a los próximos encuentros en la República Dominicana, lo que supondría lo difícil que puede ser que se obtengan acuerdos mínimos efectivos sobre la situación del país dentro de la coyuntura de reconocida hiperinflación, inclusive “crisis humanitaria”, pero a la vez un desinterés en la población sobre las expectativas que pudieran generar particularmente identificada con el sector opositor.
Por otro lado, la identificación del gobierno venezolano por la comunidad internacional señalando un “déficit democrático”, constituye una apreciación política que influye en limitar su capacidad económica de maniobra para manejar problemas financieros con respecto a acreedores internacionales, pudiera ser tratado en el encuentro a realizarse en la República Dominicana como parece haberlo exigido el gobierno.
* Abogado UCAB – Licenciado Estudios Internacionales UCV
lefg1968@hotmail.com
Fuente: http://ift.tt/2AnRbYz
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