La reestructuración de la deuda venezolana se encuentra en un limbo a un mes de que el presidente Nicolás Maduro hiciera el anuncio. Una sola reunión con los tenedores, retraso en el pago de cupones, derrumbe del precio de los bonos y falta de un plan de acción, son los únicos hechos concretos de la iniciativa lanzada por el ejecutivo.
“Tres semanas después del anuncio inicial todavía estamos en este limbo de cuasi-incumplimiento ya que los funcionarios aún luchan por realizar pagos sin ningún plan de refinanciación”, señala Siobhan Morden, jefa de renta fija para América Latina del banco de inversión japonés Nomura.
Tras el anuncio de la reestructuración el precio de los bonos se desplomó, al punto de que noviembre ha sido su peor mes en la historia con una caída promedio de 37,7% de los papeles soberanos y de Petróleos de Venezuela.
El gobierno ha insistido en que seguirá pagando sus compromisos en insiste en la reestructuración, pero sin dar señales de cómo quiere ejecutarla. La única reunión que se sostuvo con los acreedores terminó sin ningún acuerdo y desde entonces no se ha convocado ninguna otra.
Mientras tanto, las agencias de calificación rebajaron la nota a los papeles venezolanos y de Pdvsa al nivel de default selectivo con perspectiva negativa. Adicionalmente, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA por su sigla en inglés) determinó que la petrolera venezolana incurrió en un evento crediticio por el retraso en el pago del capital del bono 2017 y del bono 2027, y determinó lo mismo para la República por la misma razón para los bonos 2019/2024.
Esta acción permitirá a los tenedores de esos papeles cobrar el seguro (CDS) estima en unos $1.200 millones para todos los instrumentos involucrados. Tal vez no sea la única vez que esto ocurra, lo que ha disparado el precio de protección sobre la deuda venezolana.
Las autoridades venezolanas han insistido en que los bancos corresponsales retrasan los pagos debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos que impiden que los pagos se concreten a tiempo, pero también es cierto que varios de los pagos han sido anunciados el día de vencimiento del periodo de gracia o días después.
“Nosotros tenemos disponible esos recursos, pero cuando hay ese proceso de desembolso a quien corresponde, es la banca, por mandato de EEUU, quien comienza una operación de bloqueo”, aseguró Manuel Quevedo, nuevo presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo.
Al cierre del mes de noviembre los compromisos en periodo de gracia suman $1.520 millones, entre los que se incluyen pagos anunciados por el gobierno, pero que todavía no se han hecho efectivos en las cuentas de los inversionistas.
Pese a este escenario, los analistas no ven inminente una solicitud de aceleración de los pagos, pero tampoco una intención del gobierno en presentar un plan de cambios económicos que aporte confianza a los inversionistas para acceder al refinanciamiento. Algunos consideran que el mercado responde bajo la idea de que la deuda es muy grande y complicada como para llevarla al campo judicial.
“La hipotética reestructuración sería una de las más largas y complicadas”, dijo la agencia Moody’s en un comunicado reciente, mientras el Deutsche Bank estima que el gobierno seguirá pagando su deuda al menos hasta que tenga que cancelar el capital de algún bono, cosa que no ocurrirá sino hasta agosto de 2018.
“En el corto plazo, pueden continuar pagando hasta las elecciones presidenciales, en las que el presidente Maduro (o un
líder alternativo) se mantenga en el poder por otros 6 años y hayan reducido aún más su exposición a los Estados Unidos en términos de potencial embargo de petróleo y/o confiscación de activos”, indican en un reporte publicado esta semana.
Las reuniones para un acuerdo también se han complicado por el riesgo reputacional y legal que implica negociar con el gobierno venezolano y Pdvsa debido a las sanciones estadounidenses.
“No tienen acceso inmediato a asesoramiento externo por riesgos reputacionales, riesgos de contraparte y riesgos legales relacionados con sanciones para un país cada vez más aislado con un liderazgo que no puede cumplir una reestructuración preventiva exitosa”, apunta Morden en un comentario de Nomura sobre el tema.
Sin embargo, los grandes acreedores sí se han reunido por su cuenta para definir algún plan de acción entorno a la deuda venezolana, pero sus conversaciones no se han hecho públicas.
Por otro lado, el gobierno ha admitido las dificultades que tiene para seguir privilegiando el pago de la deuda sobre las importaciones, en lo que luce como el límite para recortar compras externas sin afectar todavía más la economía local, que cerrará el año con una inflación de 4.780%, de acuerdo con estimaciones de la firma Aristimuño Herrera & Asociados.
“El presidente Maduro, claramente reactivo y dogmático, finalmente tendrá que prepararse para lo peor. No esperamos una respuesta sofisticada que aísle sus petrodólares o evite un incumplimiento desordenado (del pago de la deuda)”, opina Morden.
Todo esto ocurre en un contexto de caída de la producción petrolera a sus mínimos en décadas y que ha llevado a Maduro a iniciar una reestructuración en Pdvsa, aunque Nomura lo ve como “una oportunidad de expropiar fondos dentro de las filas desleales del chavismo”.
En tanto, la población sigue padeciendo una crisis sin precedentes haciendo largas filas para comprar desde pan hasta pasta dental, pagando altos precios por bienes básicos o saliendo en masa de país en busca de mejores condiciones económicas.
La reestructuración de la deuda también ha tocado el escenario político. La oposición, atrincherada en la Asamblea Nacional, el único poder que domina, se juega la carta de negociar con las sanciones estadounidenses, ya que el Departamento del Tesoro de ese país dijo que solo permitiría una licencia a sus ciudadanos para negociar si el proceso cuenta con el aval del Poder Legislativo venezolano.
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