Se acentúa el autoritarismo de Maduro: ¿qué cambia con la Ley Antibloqueo?

Mientras los decretos de emergencia económica han sido la respuesta del chavismo a lo que llaman una «guerra económica», la ley antibloqueo se refiere a las sanciones de Estados Unidos como la causa de los problemas de la economía venezolana.

El economista Ronald Balza explicó a DW que la nueva ley «permite hacer énfasis en el enemigo exterior más que en el interior». Esto supone que más que medidas económicas son estrategias políticas, ya que «pretende vincular las disposiciones de la ley con la legislación internacional, lo que puede obligar a organismos multilaterales mencionados a sentar posición sobre sanciones unilaterales impuestas por otros gobiernos» dice Balza.

Un aspecto que ha llamado la atención de algunos analistas es que la ley otorgaría Nicolás Maduro el poder para modificar o administrar el funcionamiento de las empresas públicas y mixtas, y cómo dicha ley se relaciona con las empresas privadas para reactivar las que están paradas. Para Balza es una novedad que se establezca un «posible reconocimiento de propiedad a dueños que fueron limitados en su ejercicio, aunque la aprobación del plan para poner empresas a funcionar sigue dando al gobierno la última palabra».

La propuesta de Maduro no solo apunta a que el gobierno podría restituir a antiguos dueños sus empresas expropiadas. También podría abrir las puertas para la privatización de empresas públicas que vienen fallando en sus servicios o una mayor inversión de países aliados en las industrias venezolanas que han decaído, como la petrolera PDVSA.

Según Balza «insistir en el poder supraconstitucional del Ejecutivo y la ANC, puede facilitar alianzas o apoyos de países como Rusia, Irán o China. Es decir, que las sanciones, en lugar de debilitar a Maduro, facilitan a países contrarios a EE. UU. alianzas con su gobierno».

– Derechos Humanos con restricciones –

Los anuncios que promueven la presentación de la ley antibloqueo explican que el marco normativo busca garantizar la vigencia de los Derechos Humanos frente al impacto que generan las sanciones sobre la economía venezolana.

Sin embargo, Ronald Balza explica que «de los derechos mencionados, destacan los de vida y salud, pero se restringen los de acceso a información». Además, «los informes y estadísticas que permitirían al Ejecutivo desaplicar normas no necesariamente serían divulgados, siendo retenidos o mediados por un Observatorio contemplado en la nueva ley» aclara Balza.

Para el abogado Juan Manuel Rafalli, mucho de lo que contempla la ley en sí es inconstitucional ya que «supone cambiar el sistema de gobierno y convertir esto es un presidencialismo sin controles de gestión, sin régimen presupuestario, sin libertad de información, es decir, es una ley propia de regímenes totalitarios».

A pesar de los aspectos que podrían ser vistos como positivos para defender y reactivar la economía en Venezuela, los pronósticos económicos no mejoran. Las fallas de la propuesta de ley en aportar transparencia y contraloría al marco normativo podría generar «unos ingresos provenientes de los aliados que tiene este régimen pero que entren a engrosar las arcas no de la república, sino de la corrupción galopante que hay en el país» sentencia Rafalli.

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