El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el viernes que expedirá varios decretos para agilizar la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, dirigidos al desarrollo del campo, en donde surgió el conflicto interno armado en el país sudamericano hace más de medio siglo.
El mandatario dijo que expedirá las normas en las próximas horas, antes de que venzan las facultades especiales otorgadas por el Congreso para implementar el acuerdo de paz que firmó en noviembre pasado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar una confrontación que ha dejado 220.000 muertos.
“Quiero destacar cuatro programas que vía decreto y vía Congreso claves para (la implementación de) la Reforma Rural Integral prevista en el acuerdo y con la que vamos a saldar la deuda histórica con el campo colombiano, condición indispensable para que la paz sea estable y duradera”, dijo Santos en un acto de Gobierno.
El mandatario reveló que las leyes prevén la distribución de 3 millones de hectáreas a las 600.000 familias que nunca han tenido acceso a la tierra, un programa de desarrollo en los territorios más afectados por el conflicto, construcción de carreteras en esas zonas y un sistema de registro de predios.
“La propiedad privada siempre será respetada. Aquí no se le va a quitar la tierra a nadie”, afirmó Santos en una respuesta implícita al derechista Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, el principal crítico de los acuerdos de paz con las FARC.
Adicionalmente, Santos pidió al Congreso que prorrogue por seis meses más el Procedimiento Legislativo Especial para la paz, que le da facultades especiales y le permite enviar al legislativo normas reduciendo el tiempo de los trámites, en momentos en que 7.000 antiguos guerrilleros de las FARC avanzan en la dejación de armas y la conformación de un partido político.
Con el procedimiento denominado “Fast Track”, el Gobierno logró la aprobación de leyes como la que garantiza la amnistía a los antiguos combatientes de la guerrilla que no estén implicados en crímenes de guerra, pero aún faltan normas para implementar por completo el acuerdo de paz.
El Gobierno de Santos tiene la mayoría necesaria para aprobar las leyes y reformas de implementación, pese a la oposición del expresidente Uribe, una fuerza minoritaria que exige cárcel para los jefes de las FARC y se opone a que puedan postularse a cargos de elección popular.
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