La posibilidad de que Lula recurra en libertad una larga sentencia de cárcel es objeto de polémica en Brasil, por el riesgo de que asesinos y violadores se beneficien del mismo trato y que la operación anticorrupción Lava Jato pierda una de sus armas favoritas: encarcelar a los condenados en segunda instancia.
El Supremo Tribunal Federal (STF) prohibió el 22 de marzo detener a Luiz Inácio Lula de Silva al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude una sesión interrumpida a pedido de uno de sus once magistrados. El tema en debate: decidir si el expresidente de izquierda puede apelar en libertad ante las máximas cortes del país una sentencia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, ya confirmada por un tribunal de apelación.
Al día siguiente, el viernes 23, un fiscal de Brasilia pidió, y obtuvo, la liberación de un presunto ladrón de coches en detención provisoria, citando un “principio Lula”.
“Si esa regla de que alguien no puede ser detenido por cualquier atraso de la Justicia vale para el expresidente Lula, debe valer para todos”, adujo el procurador, Valmir Soares Santos.
Pero la cuestión de fondo en la corte suprema es el debate acerca de la posibilidad de iniciar la ejecución de una condena tras agotar los recursos de segunda instancia. El STF asentó esa jurisprudencia tras una votación cerrada en 2016, por 6 a 5, un resultado idéntico al que concedió a Lula el “salvoconducto” hasta el 4 de abril.
Y si esa mayoría a favor de Lula se confirma, será “un indicio importante de que la mayoría del plenario cambió de lado y de que los demás presos condenados en segunda instancia podrían interponer un pedido ante el STF para que ese mismo entendimiento se les aplique a ellos también”, afirmó Felipe Seligman, socio del portal de informaciones judiciales Jota.
“Aunque el análisis de los casos será individual”, precisó a la AFP.
Para el juez Sergio Moro, figura emblemática de Lava Jato -la investigación que llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos-, un fallo favorable a Lula y una revisión eventual de la norma de 2016 “sería un desastre muy grande, porque llevaría a la impunidad, especialmente de los poderosos”, según dijo la semana pasada en el programa Roda Viva, de TV Cultura.
“Este es un asunto que trasciende al expresidente Lula”, subrayó.
¿Encarcelamientos o liberaciones en masa?
Moro subrayó que tan solo en su tribunal hay 114 condenas que fueron confirmadas en segunda instancia y que “la gran mayoría no tiene nada que ver con Lava Jato: hay narcotraficantes, hay hasta pedófilos, hay cambistas”, detalló.
Un discurso alarmista, según José Roberto Batochio, uno de los abogados de Lula, que recuerda que el código penal brasileño excluye la liberación de personas que se hallen en prisión preventiva por su peligrosidad.
“Tenemos que reservar el encarcelamiento a los casos de estricta necesidad”, dijo Batochio a la AFP.
El abogado advierte que Brasil tiene la segunda mayor población carcelaria del mundo, con 726.000 presos, y que la adopción de un sistema jurídico de tipo estadounidense, de ejecución rápida de penas, constituiría una amenaza para la democracia y empeoraría la desastrosa situación de las cárceles del país.
“No volvamos a la edad media, a los encarcelamientos en masa practicados por los estadounidenses, por la [antigua] URSS y ahora aquí en Brasil”, afirmó.
Ivar Hartamnn, profesor de Derecho Público en la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro, cree en cambio que el sistema judicial brasileño ofrece numerosos recursos dentro de cada instancia y que por eso “no hay ninguna necesidad de esperar una apelación” en tercera y cuarta instancia (el propio STF) antes de dar cumplimiento a una condena.
Es por ello que un fallo favorable a Lula y, más aún, una eventual revisión de la norma de 2016 tendrían “un impacto negativo en la capacidad de procesar y ejecutar decisiones en el derecho penal brasileño”, dijo Hartmann a la AFP.
Lava Jato “sin poder de fuego”
Moro y los fiscales de Lava Jato alertan sobre el riesgo de que una revisión de las normas de ejecución de pena perjudique a la mayor investigación de corrupción de Brasil, que reveló una trama de sobornos entre grandes constructoras y políticos, basada en la estatal Petrobras.
“Una decisión favorable a Lula (…) representaría efectivamente una derrota para los investigadores de Lava Jato”, afirmó Felipe Seligman, de Jota.
Y ello se debe precisamente a que “parte del éxito de la Operación está vinculada a la capacidad de encarcelar a los implicados”, sin la cual perdería “su poder de fuego”, agregó.
El abogado Batochio ve en ese tipo de argumentos “mentiras demagógicas”, porque los fiscales disponen de “otras formas para proteger a la sociedad”, como la prisión preventiva o la prisión temporal.
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