La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y sus dos hijos, Máximo y Florencia, enfrentarán un juicio oral aún sin fecha, acusados de lavado de dinero a través del alquiler de hoteles de la familia, resolvió este jueves el juez federal Julián Ercolini.
Será el segundo juicio para la expresidenta. El primero empezará el 21 de mayo en el cual está acusada de favorecer al empresario Lázaro Baez con el otorgamiento de 51 obras públicas por 46.000 millones de pesos (unos 1.150 millones de dólares) en Santa Cruz (Patagonia), provincia del sur de Argentina que fue el trampolín de la exmandataria a la política nacional.
El juez Ercolini, quien concluyó que se realizaron maniobras ilícitas por 80 millones de pesos (dos millones de dólares), dio el jueves por cerrada la instrucción de la causa “Hotesur” y elevó el caso a juicio, cuya fecha será definida por un tribunal.
Fernández de Kirchner está procesada también en la causa llamada “cuadernos de corrupción” por precios cartelizados y sobornos en la obra pública, que involucra, además, a un centenar de empresarios y exfuncionarios.
Hotesur es el nombre del emprendimiento hotelero que los Kirchner poseen en la provincia de Santa Cruz, y por medio del cual la justicia sospecha se realizaron maniobras para lavar dinero y pagar sobornos.
Los fiscales de la causa “Hotesur” habían considerado que se mantuvo una estructura societaria, económica y contable en la que intervinieron los involucrados para ejecutar el blanqueo de fondos ilícitos.
Según el juez, los acusados obtenían el dinero “a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz” (sur), feudo político del fallecido mandatario Néstor Kirchner y su esposa.
Al ser procesados en mayo pasado, Kirchner y sus hijos fueron además embargados en 800 millones de pesos (unos 31 millones de dólares).
El magistrado ordenó al Banco Central la inmovilización de las cuentas bancarias de los ocho procesados en la causa.
De acuerdo al juez, el pago de habitaciones alquiladas al empresario Lázaro Báez, adjudicatario de gran parte de la obra pública en Santa Cruz permitía darle “cierta apariencia de legitimidad” a los ingresos declarados por el matrimonio.
La expresidenta es senadora y su hijo diputado en el Congreso, por lo que cuentan con fueros parlamentarios que le impiden ser encarcelados pero no ser enjuiciados.
La causa “Hotesur” se inició en 2014 por una denuncia de la exdiputada Margarita Stolbizer, en aquel entonces opositora.
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