miércoles, 1 de enero de 2020

Valor del dólar paralelo abre 2020 a la baja y se ubica sobre los Bs.54.000

El tipo de cambio en Venezuela cotiza en la mañana de este miércoles 01 de enero de 2020 en Bs.53.967,91 Bs./USD en el mercado paralelo, según reseña en su cuenta en Instagram @monitordolar.vzla; una caída de 1,60% respecto al precio promedio que registró a final de año 31 de diciembre en Bs.54.845,16 a la 1 de la tarde.

En cuanto al precio que registra el marcador @dolarTrue_, sitúa a las 10:07 am una cotización de Bs.54.831.33 por dólar, una variación de -6,95% en comparación con el precio que registró ayer en su cuenta en Twitter a las 5:07 pm de Bs.58.927.00.



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El 2020 un año poco alentador para la economía de Honduras

El 2020 se vislumbra como un año poco alentador para la economía de Honduras, que en 2019 se ha visto afectada por la desaceleración económica mundial, la caída de precios del café, su principal producto de exportación, y otros factores internos, incluso de índole político y social.

Las expectativas de crecer en 3,5 % en 2019 quedaron solo en una proyección de las autoridades monetarias del país, que a mediados de año percibieron que el crecimiento rondaría entre el 2,7 y 3 %.

– El panorama no es alentador –

Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh, no gubernamental), dijo a Efe que la falta de correctivos en las políticas económica, fiscal, monetaria, social y de mayor inversión extranjera directa, hacen que el panorama de Honduras no sea alentador para el año 2020.

Zepeda recordó que 2019 ha sido un año complicado, afectado por «una clara desaceleración económica», lo que contrasta con el crecimiento del 4,8 % que registró en 2017 y 3,7 % en 2018.

«En este 2019 ni siquiera vamos a cerrar en 3 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto» (PIB), enfatizó.

Honduras arrastra además una crisis política y social de hace diez años, derivada del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía.

Esa crisis se agudizó a finales de 2017, luego de que el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, fuera reelegido el 26 de noviembre de ese año en unos comicios generales que, según la oposición, fueron fraudulentos.

Esa misma oposición ha venido desde entonces exigiendo la salida del poder de Hernández, a quien califican de «dictador» y acusan de estar metido en delitos de narcotráfico, ligados a su hermano Juan Antonio Hernández, quien fue arrestado en noviembre de 2018 en EE.UU. y en octubre de este año fue declarado culpable por una corte federal de Nueva York por narcotráfico, porte y uso de armas.

– Crecimiento desigual –

Zepeda señaló que el bajo crecimiento económico del país, además, «es totalmente desigualitario; es decir, crecen sectores que no generan mayor cantidad de empleos de productividad. Estamos hablando del sistema financiero, telecomunicaciones y la parte de energía.

Ese crecimiento económico desigual se refleja en una tasa de desempleo que sigue siendo alta, lo mismo que la del subempleo, que abarca a miles de hondureños que reciben menos de un salario mínimo, el cual es de unos 9.000 lempiras (unos 362 dólares).

En opinión de Zepeda, el bajo crecimiento económico de Honduras en 2019 solo es una manifestación de lo mal que se ha manejado el Estado mismo, cuyas cifras oficiales hablan de pobreza, desigualdad, bajo crecimiento y poca atracción de inversión extranjera.

Además, el país registra un bajo nivel de inversión pública, un gasto ineficiente que no produce un impacto positivo en el bienestar de los hondureños y un presupuesto general de la nación que supera el 40 por ciento del PIB.

– Repercusión de la crisis política –

Para el expresidente Manuel Zelaya, quien es coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), surgido luego de su derrocamiento, el 2020 será un año muy precario en lo social y económico, de lo que responsabiliza al presidente Hernández.

Según Zelaya, en Honduras hace falta tenderle la mano al pobre y sacar del poder a Juan Orlando Hernández, quien ostenta la silla presidencial desde el 27 de enero de 2014, luego de ganar su primer mandato en los comicios generales del 24 de noviembre de 2013.

Zelaya, a quien el actual Gobierno acusa de haber manejado mal la administración del país, considera que Hernández económicamente lo ha llevado a «niveles bajísimos» y duplicar la deuda externa e interna, que juntas superan los 12.000 millones de dólares.

El economista del Fosdeh señaló que «el conflicto político y social que vive día a día el hondureño, hace que exista una mala imagen en la calidad del país», lo que en su opinión genera al final «una inseguridad jurídica» que obliga al inversionista nacional y extranjero a invertir su capital en otros países.

Zepeda expresó que según cifras oficiales, la inversión extranjera en Honduras es de 1.100 millones de dólares, mientras que la nacional ronda los 45.000 millones de lempiras (unos 1.825 millones de dólares), pero esas cifras «no se han movido en los últimos cinco años».

Eso refleja, según Zepeda, que Honduras no es atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros.

– La pobreza en los semáforos –

Los pobres en Honduras se ven por todas partes, pero en las principales ciudades abundan en los semáforos de calles y bulevares, donde niños, hombres y mujeres limpian parabrisas de coches, venden frutas, accesorios para teléfonos móviles, dulces o hacen malabares a cambio de dinero, mientras otros, por lo general con alguna discapacidad física, piden «algo para comer».

Uno de esos pobres es Donald Rodríguez, de 45 años, quien durante unas diez horas vende frutas de temporada en un semáforo del barrio Miraflores, en el extremo oriental de Tegucigalpa.

Donald, casado y con dos hijos, dijo a Efe que vende limones y mandarinas a veinte lempiras la bolsa (unos 81 centavos de dólar) «para medio sobrevivir» y que hay días que gana entre 250 y 300 lempiras diarios (entre diez y doce dólares), que no son suficiente para llevar una vida digna con su familia.

Agregó que invierte el equivalente a 24 dólares en la compra de los limones y mandarinas, que luego vende a conductores de vehículos que se detienen en uno de los semáforos de Miraflores.

Hay días que Donald solo hace el dinero que invirtió, lo que le obliga a salir temprano el siguiente para sacar la ganancia, porque hay una familia que mantener y «un cuarto» que alquila, en el que «vivimos todos» en el barrio Las Mercedes, por el que paga 1.700 lempiras mensuales (unos 69 dólares).

Donald vende frutas «porque no hay trabajo, no se halla trabajo».

 



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Desigualdad social, principal causa de la crisis que vive América Latina

La desigualdad social (67 %) es vista como la principal causa de la crisis que se vive en distintos países Latinoamericanos, según el último estudio de 2019 de Ipsos realizado con diferentes líderes de opinión de la región.

De acuerdo con la encuesta realizada a 360 líderes de opinión y periodistas de 14 países entre el 19 de noviembre y el 9 de diciembre, el segundo factor de desestabilización es la corrupción (63 %), seguida de la falta de respeto al sistema democrático (22 %).

– 2019, un año nuevo de convulsiones políticas y sociales –

América Latina vivió un convulso 2019, con masivas protestas que degeneraron en saqueos y violencia en Chile y Colombia, la difícil situación por la que atraviesa Bolivia tras unas cuestionadas elecciones que provocaron la salida del poder de Evo Morales, y la persistente crisis en Venezuela que ha derivado en un constante proceso de migración que afecta a países vecinos, entre otros.

Frente a este panorama, los líderes consultados piensan que justamente 3 de esos países son los que están peor que un año atrás respecto a su situación política: Chile (87 %), Venezuela (84 %) y Bolivia (74 %).

Sin embargo, el informe señala que Chile (39 %) y Bolivia (35 %) están en el podio de expectativas de mejora en 2020, un listado liderado por Uruguay (41 %), país que en noviembre decidió poner fin a 15 años de Gobierno del izquierdista Frente Amplio al elegir al derechista Luis Lacalle Pou como su próximo presidente.

Justamente Uruguay (32 %) encabeza la lista de países vistos con una mejor situación política que en 2019, seguido por Perú (28 %), que tendrá elecciones adelantadas el 26 de enero, y México (23 %), que completó el primer año de Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Sobre otros países que vivieron un año difícil, especialmente por gigantescas movilizaciones sociales contra las políticas gubernamentales, los encuestados opinaron que Colombia tuvo una peor situación política en 2019 (57 %) y que se mantendrá igual en 2020 (31 %), seguido por Ecuador (54 % peor en 2019, 43 % igual en 2020).

Brasil, uno de los grandes países de la región y que estuvo en la mira de todos durante el primer año de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, tuvo un panorama político durante el año que concluye este martes (56 %) y empeorará en 2020 (46 %).

– Economía, otro desafío pendiente –

Latinoamérica terminará entre 2019 y 2020 con el menor crecimiento económico en las últimas 7 décadas, con un crecimiento de apenas 0,1 % este año y de 1,3 % para el año que comienza este miércoles, según el Balance Preliminar para la región de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dado a conocer en su último informe.

En esta coyuntura, la encuesta de IPSOS destaca que Uruguay (76 %) es el país mejor calificado económicamente, desplazando a Chile, que en 2018 ocupó el primer lugar con 93 % y que ahora quedó en el quinto puesto con 46 %. En segundo y tercer lugar están Perú (63 %) y Colombia (59 %), respectivamente.

Al contrario, la situación económica de Venezuela (96 %), Argentina (93 %) y Cuba (84 %), es calificada como mala o muy mala.

Venezuela (83 %) también es el país con la peor expectativa de mejora en los próximos 12 meses, seguido por Argentina (48 %) y Bolivia (46 %), mientras que Uruguay (39 %) y Perú (31 %), son las naciones que se espera que mejoren más en el año que comienza este miércoles.

Por último, otros factores de preocupación regional son la debilidad institucional (21 %), la inseguridad (19 %), el desempleo y la falta de crecimiento económico (18 %), la frustración por exceso de expectativas (16 %) y la educación inadecuada, la falta de liderazgo gubernamental y la pobreza, cada una con un 13 %.

Completan la lista la completan los grupos extremistas (11 %), las amenazas al medioambiente (6 %), los sistemas de pensiones inadecuados (4 %), la salud pública inadecuada (3 %), la violencia de género (2 %), la inflación (1 %) y otros factores indeterminados (5 %).



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Al menos ocho estados reportaron fallas eléctricas durante fin de año

Usuarios de Twitter reportaron la noche de este martes 31 de diciembre, a pocas horas de acabar el año 2019, que al menos ocho estados del país permanecen sin energía eléctrica, a la vez que manifestaron su descontento por el juego de luces proveniente del Hotel Humbolt, ubicado en el parque nacional El Ávila.

Tres de los estados más afectados son Zulia -azotado por los racionamientos eléctricos de más de 12 horas- así como Lara y Táchira , cuyos apagones se registran apróximadamente desde las 6:00pm en algunos sectores como Barquisimeto y Cabudare en la entidad occidental; y San Cristóbal, en el estado andino.

Otros estados que han reportado fallas parciales o totales durante el fin de año han sido Mérida, Apure, Carabobo, Vargas y Sucre.

Durante el 2019, Venezuela vivió un periodo de inestabilidad en el servicio, producto del colapso del Sistema Eléctrico Nacional, que se evidenció el 8 de marzo con el primer apagón nacional del año, el cual en algunos estados se prolongó por más de cinco días, y que tuvo secuelas en los meses siguientes, sumado a los racionamientos administrados por la empresa estatal Corpoelec y las fallas y explosiones en transformadores y subestaciones que también dejaron sin luz a diferentes urbanizaciones y barrios del territorio nacional.

Con información de El Pitazo



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Gobierno de Panamá establece aumento promedio de 3,3% en salario mínimo

El Gobierno de Panamá dijo que estableció un alza promedio del 3,3% al salario mínimo, que entrará en vigor el próximo 15 de enero y fue tildado de razonable por analistas económicos.

En Panamá existen actualmente 37 niveles de salario mínimo para 85 actividades económicas y en al menos 11 ocupaciones, precisó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El ajuste previo, realizado en 2017 por el entonces Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), fue del 6,5% para las grandes empresas y del 4,5% para las pequeñas.

La ministra panameña de Trabajo, Doris Zapata, dijo que se hizo una revisión por región y por actividad económica para fijar el ajuste en promedio del 3,3%, sin perder de vista las actividades con menor crecimiento económico.

– Ajuste variable por sector –

«El aumento varía (…) en educación particular 1%, agricultura y pesca 1%, Zona Libre de Colón, que está golpeada (económicamente) también 1,5 %, suministro de agua y alcantarillado 2 %, agricultura, ganadería y caza (gran empresa) 2 %», detalló la ministra.

El actual salario de 1,53 dólares por hora en la agroindustria pasará a 1,58 dólares; y actividades financieras y seguros, con sueldo de 3,17 dólares, pasará a 3,27 dólares, precisó el secretario general del Mitradel, Winston Sánchez.

Para el sector de los bananeros independientes, que exigían hasta última hora un 25 % de aumento, se fijó un ajuste del 8%; para el sector de minería en un 6 %, y para turismo (hoteles y restaurantes) 1 %.

Al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que asumió el pasado 1 de julio para el quinquenio 2019-2024, le tocó determinar el nuevo salario mínimo luego de que fracasaron las negociaciones entre patronos y sindicatos para consensuar el ajuste, una situación que se repite cada dos años cuando este ingreso debe ser revisado, según establece la ley.

En esas conversaciones los sindicatos presentaron 12 propuestas de ajuste, mientras que los empresarios sostuvieron que no debía haber ninguno y alertaron de que un alza salarial podría repercutir en un incremento del desempleo, que se ubica en el 7,1 %.

Los patronos argumentaron que la economía mantiene una ralentización que llevó al producto interno bruto (PIB) a crecer en 2018 un 3,7 %, la tasa más baja en una década, mientras que la previsión para este año es de máximo 3,5 %.

Cortizo dijo este martes que era imposible aprobar un alza salarial del 25 % porque «de nada vale tener un aumento enorme y que pongamos en riesgo los trabajos que ya existen», y que recordó que le ha tocado al Ejecutivo decidir el asunto por la incapacidad de los empresarios y sindicatos de consensuar.

– Un ajuste razonable para analistas económicos –

El ajuste promedio aprobado por el Ejecutivo de Cortizo «es razonable dentro de la situación económica del país», dijo el experto economista panameño Aldolfo Quintero.

«Lo importante es que debe permitirse con este incremento no solamente un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, si no que vaya acompañado de un incremento de la productividad», agregó.

Para el exrector de la Facultad de Economía de la estatal Universidad de Panamá, Rolando Gordon, «lo que está haciendo el Gobierno es correcto», pues obedece a una realidad económica.

En los sectores de la minería y las bananeras «pudo ser más» el aumento porque están en manos de «trasnacionales que tienen una alta tasa de ganancia», pero «se logró un ajuste, no todo lo que querían los obreros, pero lo importante es que el Gobierno comprendió la necesidad de que era necesario un incremento salarial», agregó Gordon.



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Fernández fija meta en abril para definir escenario económico de Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se pone como meta el 31 de marzo próximo para tener definido el escenario en el que está la economía nacional, algo que ahora no es posible «porque el peso de la deuda es muy grande y condiciona mucho».

«Nos hemos puesto un deadline (fecha límite) como para tener claro el funcionamiento de la economía, que es el 31 de marzo. Para entonces ya sabremos cómo está la situación con los acreedores. Vamos a tener datos que hoy no tenemos. A partir de ese momento estamos en condiciones de proyectar todo», aseveró el mandatario en declaraciones a Radio Continental.

Fernández, que asumió el cargo el 10 de diciembre pasado, en medio de una ya larga recesión y tras ganar en octubre las elecciones a Mauricio Macri (presidente entre 2015 y 2019), aseguró que la economía argentina está «llena de sorpresas».

«En todos lados me aparecen deudas impagas, en todos los sectores de la Administración. Acreedores que reclaman que el Estado no ha pagado (…). Quiero saber a ciencia cierta cuál es exactamente la deuda que el Estado tiene», insistió.

Para ello pidió «paciencia» hasta ese último día de marzo, ya que hoy no lo está definido «porque el peso de la deuda es muy grande y condiciona mucho».

– Negociaciones con los acreedores –

Según datos del anterior Ejecutivo, Argentina acumula una deuda pública total de 314.315 millones de dólares -frente a los 240.000 millones de finales de 2015-, de los que casi 44.000 corresponden al préstamo de 56.300 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional en 2018, tras desatarse una abrupta devaluación del peso que derivó en la actual crisis.

«La gente tiene que entender que estamos trabajando en tranquilizar la economía, sacarla de esa sensación que todos teníamos de que no sabíamos qué iba a pasar mañana», enfatizó el político peronista, cuyo Gobierno ya estudia cómo pagar el alto endeudamiento, que debe renegociar ante los acreedores.

Al respecto, declinó dar detalles de esas conversaciones.

«No me pidas que adelante porque eso es una negociación y nadie va a jugar a las cartas contando las cartas que tiene», reconoció, y reiteró que todo lo que está haciendo su equipo «está planificado» y no tiene «nada de improvisación».

– El ajuste en medio de la emergencia –

La primera gran decisión de Fernández tras llegar a la Presidencia, además de establecer por decreto la doble indemnización por despido durante seis meses, fue impulsar una ley de «emergencia pública», que incluye un amplio paquete de medidas e impuestos con el que el nuevo Gobierno busca enfrentar la crisis y que sectores de la oposición han tildado de «ajuste».

«¿El ajuste qué es?, ¿poner en orden las cuentas publicas? Sí. Y si es así hicimos un ajuste. El problema es quién pagó el ajuste. El ajuste no lo pagaron los que menos tienen, lo pagaron los que están en mejor situación, los que pueden exportar, los que tienen más bienes que el resto. No lo está pagando la gente», sentenció.

Entre las medidas que incluye la nueva ley está el denominado impuesto «para una Argentina inclusiva y solidaria», que grava con una tasa del 30 % la compra de divisas extranjeras y los gastos que no sean en pesos dentro y fuera del país, lo que endurece el «cepo» cambiario ya impuesto por Macri en sus últimos meses de Gobierno.

«La gente se enoja por el impuesto al dólar, pero el dólar en argentina es un bien. La gente, como duda de los pesos acude al dolar. Y está bien. Es una historia de siempre y no se va a cambiar culturalmente de la noche a la mañana. (…) El dolar es un bien y no hay. ¿Qué pasa cuando los bienes faltan? Son muy caros», explicó.

«El cepo tiene que seguir porque en Argentina no hay dólares. No lo pusimos nosotros, lo puso Macri, después de dejar que se fueran 70.000 millones de dólares. Siempre he criticado el cepo. Estamos viendo con Martín (Guzmán, el ministro de Economía) a ver qué alternativas tenemos para que no afecte a las inversiones», añadió.

– La inflación que no cesa –

Sobre la alta inflación (que sobrepasa el 50 % interanual), Fernández asumió que uno de los grandes problemas es la «inflación autoconstruida», es decir, «que en verdad no existe pero que algunos para prevenir aumentan los precios ante la duda».

«Y ese aumento de precios lo pagamos todos y eso es realmente insoportable, no puede admitirse», criticó, convencido de que quien pierde es el «ciudadano común», ante «una ganancia innecesaria que alguien está tomando por las dudas». «Argentina es un país con un historial inflacionario tremendo», consideró.

Fernández recalcó que «no se trata de andar fijando precios», sino de «ver que las ganancias y las utilidades sean razonables», y confió en que el Senado acabe dando sanción definitiva a la llamada «Ley de Góndolas», que permitirá al ciudadano «acceder a productos que los grandes supermercados ocultan para beneficiar a otros productos más caros».

Con este escenario, el presidente pidió a los empresarios que no incrementen precios «por encima de lo razonable» y asuman «responsabilidades sociales», ya que lo contrario es que el Estado «intervenga». «Y cuando el Estado interviene, se quejan», subrayó.

«Si damos previsibilidad y confianza (…) poco a poco van a venir las inversiones. (…) Por ejemplo, están subiendo los depósitos en dólares, de gente que se había ido por desconfianza y ahora están volviendo. Todo va a ser paulatino», concluyó.



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Nuevo salario mínimo en Brasil es de $260

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, decretó un reajuste del 4,1% del salario mínimo en Brasil, desde 998 reales (249 dólares) en 2019 hasta 1.039 reales (unos 260 dólares) en 2020, por encima de la tasa de inflación del año y superior al previsto en el presupuesto.

El nuevo salario mínimo de los trabajadores brasileños fue fijado en un decreto publicado este martes en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión y pasa regir a partir del 1 de enero.

El incremento determinado por el líder ultraderechista se ubicó ligeramente por encima del propuesto por los miembros de su equipo económico, que defendían que el salario tan sólo repusiese la inflación de 2019, que, según las últimas proyecciones, fue del 3,86 % tras haberse situado en el 3,22 % entre enero y noviembre.

El Gobierno incluso ya había presentado a consideración del Congreso -y fue aprobado este mes- el proyecto de ley de presupuesto para 2020 que preveía elevar el salario mínimo hasta 1.031 reales (unos 257,7 dólares), con un incremento del 3,31 %.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, llegó a decir hace dos semanas que un reajuste del salario mínimo por encima de la inflación podría desequilibrar las cuentas públicas y generar desempleo.

Ello debido a que, además de servir de base para el salario mínimo que las empresas tienen que pagar a sus trabajadores, el valor también es referencia para reajustar los beneficios asistenciales, las pensiones, las jubilaciones y hasta el seguro de desempleo.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, por cada real de aumento al salario mínimo, el Gobierno tiene que gastar 319,1 millones de reales (unos 79,6 millones de dólares) a más que en el año anterior en gastos con previsión y asistencia social.

El ajuste de las maltrechas cuentas púbicas, tras varios años de déficits y deuda récord, es una de las prioridades de Bolsonaro desde que asumió su mandato, el 1 de enero de 2019.

La principal medida de ajuste fiscal del ultraderechista, cuyo Gobierno impulsa una política económica de claro tinte liberal, fue la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, ya aprobada por el Congreso y que impuso una edad mínima de jubilación para los brasileños.

En su decreto de este martes, Bolsonaro explicó que el reajuste tuvo que ser superior al aprobado en el presupuesto debido a que se espera un ligero aumento de la inflación en diciembre y por lo tanto del año.

Pese a que el Gobierno tiene bajo control el índice de precios, en las últimas semanas el salto de las exportaciones de carne bovina hacia China provocó un aumento del costo de este producto para los consumidores brasileños y ese reajuste incidió en la inflación tanto de noviembre como de diciembre.

La decisión de elevar el salario mínimo por encima de lo previsto fue tomada por Bolsonaro tras reunirse con algunos de sus colaboradores este martes, luego de regresar de un viaje de descanso a una playa del nordeste de Brasil que interrumpió de forma imprevista.

El Ministerio de Economía explicó en un comunicado que, para definir el nuevo valor del mínimo, fue tenido en cuenta el «mandato constitucional que prevé la preservación del poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores».



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