Sólo 3,7 millones de personas votaron hasta las 17.30 hora local (2130 GMT) del domingo en las controvertidas elecciones de la asamblea constituyente en Venezuela, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) revisados por Reuters, lo que arroja dudas sobre los 8,1 millones de votos anunciados ese día.
La elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido calificada por adversarios como ilegítima. La iniciativa fue diseñada por el impopular Gobierno del presidente Nicolás Maduro para reescribir la carta magna y disolver el Parlamento, dominado por la oposición.
Los documentos del CNE, que dividen los datos entre los 14.515 centros de votación de Venezuela, muestran que 3.720.465 personas votaron hasta las 17.30 hora local (2130 GMT).
El único reporte oficial sobre la participación en esas elecciones fue dado por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, cerca de la medianoche del domingo, cuando aseguró que votaron 8.089.320 venezolanos. Desde entonces no ha informado más cifras.
Las autoridades venezolanas no respondieron a una solicitud de comentarios de Reuters sobre estos datos electorales.
En respuesta a los resultados anunciados por el CNE, el Gobierno estadounidense sancionó el lunes a Maduro, llamándole “dictador” para “apropiarse del poder absoluto”.
La baja participación sería una muestra de rechazo contra Maduro, especialmente después de que la oposición celebró el mes pasado un plebiscito no oficial en el que afirmó que obtuvo más de 7,5 millones de votos en contra de la polémica constituyente.
“Aunque es posible tener un último empujón al final del día, y el Partido Socialista Unido de Venezuela ha intentado hacerlo en el pasado, duplicar el voto en la última hora y media sería algo sin precedentes”, dijo Jennifer McCoy, un analista política que dirigió misiones de observación electoral del Centro Carter.
El Consejo Nacional Electoral extendió la votación hasta las 19.00 horas (2300 GMT). Pero cree que algunos centros permanecieron abiertos por más tiempo.
Irregularidades
Venezuela enfrenta una crisis, con millones de personas sufriendo escasez de alimentos, una inflación de tres dígitos y meses de protestas antigubernamentales, lo que hace más improbable que el Gobierno haya logrado una participación tan positiva, según analistas y políticos de oposición.
Autoridades presionaron a trabajadores estatales para que votaran, incluso amenazándolos con el despido si no lo hacían. Algunos contaron que recibieron llamadas telefónicas de jefes o colegas para empujarlos a votar.
Expertos electorales cuestionaron el proceso de votación que, según ellos, está plagado de irregularidades. Otros, incluyendo un miembro del propio árbitro comicial, pusieron en duda el conteo.
“Por primera vez desde que asumí este compromiso con el país, no puedo avalar la consistencia o veracidad de resultados”, dijo el martes en la noche Luis Rondón, uno de los cinco directores del CNE en su cuenta de Twitter.
La fiscal general, Luisa Ortega, larga aliada del gobierno socialista del fallecido Hugo Chávez pero quien rompió con la administración de Maduro por rechazar como ilegal la asamblea constituyente, también rechazó las cifras.
“Segura estoy, absolutamente segura, que no es así”, dijo el lunes. “Esto es una burla al pueblo y su soberanía”, agregó.
Smartmatic, una compañía que ha trabajado con Venezuela desde 2004 en su sistema de votación, dijo el miércoles que las cifras de participación en la elección de la constituyente fueron manipuladas al menos en un millón de votos.
“Sabemos, sin ninguna duda, que la participación de la reciente elección para una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulada”, dijo el presidente ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mugica, en un encuentro informativo en Londres.
Líderes opositores, que no participaron en el proceso, dicen que hubo fraude. Estimaron que sólo unas 2,5 millones de personas votaron, mientras que la firma de inversión Torino Capital la ubicó en 3,6 millones en base a sondeos a boca de urnas.
La oposición se ha quejado reiteradamente de que el consejo electoral permite el uso injusto de recursos estatales en favor del partido socialista gobernante y en los últimos años han cuestionado los resultados de los comicios celebrados.
Más de 120 personas han muerto en las protestas de los últimos meses.
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