En la búsqueda de mostrar indicadores más fuertes y financiamiento en medio de la peor crisis económica de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro intentará llevar las reservas petroleras contenidas en el bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco a las reservas internacionales, contrariando el concepto básico de estas establecido por los organismos internacionales y la misma Ley del Banco Central de Venezuela.
“Estudiaremos y presentaremos opciones que permitan la monetización de este activo para beneficio del país, actuando siempre en concordancia con las funciones constitucionales y legales del Banco Central de Venezuela”, dijo el presidente del BCV, Calixto Ortega Sánchez, el día después de que Maduro anunciara la decisión. Sin embargo, no explicó cómo espera convertir en dinero un petróleo que todavía no se ha extraído.
Al hacer el anuncio, Maduro dijo que la entrega servirá “como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del BCV” y lo presentó como una estrategia de Venezuela que, como “un país con riqueza, puede ensayar nuevas formas” de generar recursos.
De acuerdo con la Ley del BCV (artículo 127), las reservas internacionales pueden estar compuestas por oro amonedado, títulos valores, Derechos Especiales de Giro, diamantes y demás piedras y metales preciosos u otros bienes objeto de transacción en los mercados financieros y “cualesquiera otros activos o derechos que hubieran sido calificados como de reserva por el Directorio de acuerdo con criterios reconocidos internacionalmente”.
Si bien el texto deja abierta la inclusión de “cualesquiera otros activos o derechos”, puntualiza que esto debe seguir un criterio internacionalmete reconocido. Es allí donde tiene un rol importante el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que establece los lineamientos que deben seguir los países miembros en la elaboración de sus estadísticas. Para ello dicta manuales como el de “Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional”.
Allí se ofrece esta definición de reserva internacional: “activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos (como el mantenimiento de la confianza en la moneda y la economía y servir como base para el endeudamiento externo)”.
Detalla también que “los activos de reserva deben ser activos en moneda extranjera y estar realmente constituidos. Se excluyen los activos potenciales. El concepto de activos de reserva se basa en las condiciones de ‘control efectivo’ y ‘disponibilidad’ de los activos por parte de las autoridades monetarias”.
En el caso de las reservas venezolanas del bloque Ayacucho II compuestas por 29.298 millones de barriles de petróleo, califican como activos potenciales. Es decir, efectivamente están allí, pero como aún no han sido extraídos su valor es cero y el precio que lleguen a tener dependerá del momento de su negociación en el mercado internacional. Además, el hecho de que sea una reserva y no un bien como tal hace que el BCV no tenga en su poder esa cantidad de crudo, es decir, no está “disponible de inmediato” o lo que es lo mismo carece de liquidez.
Es muy diferente al caso de los diamantes, por ejemplo, que el gobierno busca integrar a las reservas internacionales tras modificar la Ley del BCV en 2015, por lo que Venezuela tuvo que regresar al proceso de certificación Kimberley para que sus posesiones en diamantes sean válidas como un activo de reserva.
El BCV tendrá que ofrecer detalles de cómo “monetizará” las reservas de crudo, que si se calculan al valor del precio de la cesta petrolera venezolana del día 25 de julio, equivalen a 2 billones de dólares, es decir, Venezuela se convertiría en el segundo país con las reservas internacionales más grandes del mundo, solo detrás de China que ostenta $3,1 billones.
Las reservas internacionales de Venezuela acumulan una caída de 63% en los últimos cinco años y se ubican actualmente en $8.813 millones. Su decrecimiento obedece al drástico descenso en los ingresos petroleros que viene experimentando el país, primero por la baja de los precios del petróleo y desde hace varios meses por el desplome de la producción de crudo.
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