Ya no somos un país rentista

La economía venezolana ha sido a lo largo de más de un siglo cada vez más dependiente del petróleo. El petróleo aporta algo más de 95% del ingreso de divisas del país. El ingreso petrolero es el resultado de multiplicar el número de barriles que producimos por el precio del barril. Y la renta petrolera es mayor mientras más alto sea el ingreso petrolero y menor sea el costo de producción.

La política petrolera del país ha girado por décadas alrededor de la idea de que lo más importante era maximizar los precios del petróleo a fin de optimizar la renta. En tal sentido, hemos venido aceptando en la Opep cuotas de producción, es decir, sacrificando los volúmenes de producción a fin de propiciar un aumento de los precios.

Se impuso la teoría conocida como el Peak Point, conforme a la cual las reservas petroleras se harían cada vez más escasas en tanto que la demanda mundial de petróleo seguiría creciendo aceleradamente, con lo cual inevitablemente los precios del petróleo seguirían indefinidamente en ascenso.

La realidad ha mostrado ser otra. Quizá llegó el momento de revisar algunas de esas nociones. Veamos:

Lo primero que cabe señalar es que durante muchas décadas el precio del petróleo venezolano se mantuvo en torno a los dos dólares el barril; sin embargo la economía venezolana fue durante todo ese tiempo la economía de mayor crecimiento en el mundo, la que tenía menor inflación y nuestra moneda, junto con el franco suizo eran las monedas más sólidas y estables del mundo. Ciertamente nuestra población era considerablemente menor, pero la diferencia radicaba fundamentalmente en que teníamos administraciones razonables con políticas públicas de calidad.

El mecanismo de priorizar los precios por encima de la producción ha favorecido la creación de un Estado fuerte. Cuando los precios se fortalecen los excedentes van íntegra y directamente al Estado. El efecto sobre el resto de la economía y sobre la población depende fundamentalmente de cuan eficientes sean los gobiernos de turno. Cuando lo son, el país se beneficia. Cuando no lo son, el perjuicio recae sobre toda la población.

De hecho, al revisar los momentos en los cuales los precios del petróleo experimentaron los mayores incrementos, la experiencia pone en evidencia que, en lugar de favorecer un desarrollo sustentable, sirvieron para conspirar contra la eficiencia del gasto público. A pesar de los elevados ingresos, esas fueron las coyunturas en que nuestros gobiernos más se endeudaron. Se creyeron todo poderosos e implantaron políticas que terminaron por dañar profundamente al país. Al caer posteriormente los precios (cosa que siempre ocurre), el país se hundía en profundas crisis. Nuestra economía se volvió una montaña rusa.

La más abismal e incomprensible de todas las caídas es la que actualmente padecemos y se produce justamente después de una etapa de populismo exacerbado alimentado por precios petroleros a niveles que nunca antes habíamos soñado. Ojalá que el daño sea reversible.

Por el contrario, los mejores resultados y los más duraderos los alcanzamos cuando estuvimos dispuestos a adelantar políticas racionales que favorecían las inversiones. El efecto multiplicador de esas inversiones arrastró consigo al resto de la economía redundando en beneficios sustentables para la sociedad.

Hoy nuestra industria petrolera yace gravemente postrada, junto con el resto de la economía, como consecuencia del deterioro causado por una administración irracional, ineficiente, dogmatizada, populista, ignorante y corrupta que ha puesto los intereses de un partido y de otros países por encima de los de Venezuela.

Ya no somos un país rentista. Los medios para lograr esa renta fueron destruidos. Pdvsa ha sido severamente dañada. La producción experimenta una brutal caída y el endeudamiento se fue de las manos en medio de un default creciente. La empresa sobrevive a base de auxilios financieros del BCV, que son la causa de la hiperinflación que nos agobia.

La recuperación del sector va a depender de que seamos capaces de realizar elevadas inversiones -que ya no están al alcance del Estado- y sólo podrían lograrse con políticas petroleras capaces de atraerlas y de brindarles la seguridad jurídica que requieren. Estamos hablando de un nuevo modelo petrolero y de un nuevo modelo económico. Ambos serían impensables sin un nuevo modelo político.

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