El sector de las comunicaciones y tecnologías de la información, del cual la telefonía constituye sólo uno de los múltiples servicios que los operadores suelen ofrecer en el mercado, ha mostrado a lo largo de los últimos años un desarrollo enorme y disruptivo.
Los servicios tradicionales de voz y la telefonía fija en lo particular han dado paso a nuevas formas y servicios de comunicación, así como el uso del tiempo libre para el consumo de datos, bytes y contenido.
El perfil del usuario promedio ha cambiado y servicios como voz o mensajes se encuentran en estancamiento cuando no en declive.
Sin embargo, los cambios tecnológicos y el desarrollo de las actividades de las operadoras bajo un ambiente y protocolo IP, ha permitido un proceso de convergencia. Este proceso consiste en la posibilidad técnica, explotando economías de alcance y de escala tan importantes en sectores de red, de que un mismo operador/plataforma ofrezca toda una variedad de servicios de comunicaciones, desde voz, pasando por servicios de banda ancha, televisión por suscripción e incluso movilidad.
Lo anterior crea incentivos para que el operador ofrezca servicios empaquetados y en los usuarios a demandarlos en la medida que le impliquen reducción de sus costos transaccionales y una mejor adaptación a sus gustos y preferencias por los distintos tipos de servicios empaquetados, así como a su perfil de consumo.
Así las cosas, si existe un sector donde el sistema de precios resulta importante y complejo es el de telecomunicaciones. La convergencia hacia la oferta de servicios de forma empaquetada, así como la preferencia y preponderancia por parte de los demandantes hacia servicios sobre ambiente IP o hacia el consumo de contenido y aplicaciones OTT, ha venido revolucionando el sector.
Los regímenes de libertad tarifaria bajo concurrencia permiten por un lado a las empresas cubrir mejor sus elevados costos de red en la medida que perfeccionan discriminaciones de precios por medio de esquemas tarifarios no lineales de autoselección por parte de los usuarios, y permite a los usuarios gozar de un mayor alcance de la infraestructura, calidad e innovación en los servicios.
En Venezuela, la regulación de hecho, de espalda al derecho, limita la posibilidad de que Venezuela avance a la modernidad en ese sector -así como ocurre con muchos otros sectores de la economía-.
En Venezuela, el discrecional congelamiento de tarifas de hecho, de espalda al régimen legal de libertad tarifaria, impone sobre los operadores ingresos sobre planes mensuales que escasamente llegan a los BsS 5, cuando en países como Argentina las autoridades sectoriales permiten el cobro, solo por interconexión, CPP o terminación de la llamada una remuneración de $0,018 por minuto.
Independientemente de que cada país posea un modelo sectorial y/o regulatorio específico o diferenciado respecto al cobro de interconexión off net, llama la atención la diferencia entre el cobro por todo un plan mensual y el precio de un componente de la llamada, como sería el cobro de interconexión o terminada de la llamada de 256%.
La sociedad debe preguntarse si dichas políticas que contradicen el primer principio de cualquier servicio de red como sería cierto grado de corresponsabilidad del usuario sobre el costo, la eficiencia en la provisión del servicio desde el punto de vista económica y la sostenibilidad del servicio en el largo plazo, no son principios alineados con los intereses del usuario que deben ser considerados por cualquier regulador sectorial.
Si bien el sector telecomunicaciones es solo un ejemplo, sirve para evidenciar la urgente e imperiosa necesidad de asistencia técnica para Venezuela, especialmente en materia regulatoria, de competencia y políticas públicas.
* Enrique González es economista de la UCV
Fuente: http://bit.ly/2AlBgLx
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