El Plan País asoma interesantes y modernos mecanismos de participación del sector privado en la economía, específicamente en la provisión de servicios públicos. Se menciona la necesidad de esquemas de procura, sometidos a licitaciones competitivas.
Adicionalmente, se menciona una especie de decoupling débil respecto a objetivos de eficiencia y sostenibilidad de la provisión del servicio público con aquellos objetivos de equidad y garantía de acceso a los mismos. Es decir, se valoran ambos objetivos, pero no parece que se pretendan conseguir por medio de tarifas reguladas y compensadas por medio de subsidios directos a los proveedores, sino que se perfeccionarían mecanismos de subsidios directos a los usuarios.
Aun cuando el Plan País no lo menciona ni lo relaciona con sectores como el salud, este tipo de mecanismos basados en mercado y competencia, efectivamente posee los atributos de imprimir competencia por el mercado, en el caso de los servicios públicos de red entendidos como mercados donde existen estructuras de extrema concentración natural por parte de proveedores por tecnologías con caracterización de estructuras de costos subaditivas, y en el caso del sector salud, por el hecho de poder imprimirle eficiencia al gasto en salud, muy especialmente si estamos hablando de gasto público con enorme costo de oportunidad en alternativas en un país donde prácticamente han desaparecido los bienes públicos y se ha deteriorado la infraestructura a niveles de colapso absoluto.
Sin embargo, el diseño e instrumentalización de estos mecanismos resultan complejos y podrían estar sometidos a riesgos de situaciones no deseadas, distorsiones y falencias. Por ejemplo, el mecanismo y definiciones de aquellos que requieran el apoyo de acceso a servicios públicos en un país cuyo empobrecimiento ha sido crítico y el colapso de su sector petrolero más que notable, hace del objetivo de “universalidad” un verdadero reto, no solo financieramente hablando sino sobre un mecanismo transparente y robusto que evite despilfarro de recursos, corrupción y/o clientelismo.
Adicionalmente, el diseño de los mecanismos de licitaciones y subastas exigen cierto compendio de buenas prácticas y características en su diseño para evitar riesgos de bid rigging y conseguir eficientemente los objetivos trazados.
Lo anterior no constituye un punto menor. De hecho, países de la OCDE estiman que las compras públicas en sus países pueden promediar 12% del PIB, lo que implica un valor tremendamente significativo, cuyo uso eficiente, competitivo y transparente repercutirá en el bienestar social.
Paralelamente, en materia económica –no significa que lo dicho anteriormente no sea económico, de hecho, resulta profundamente económico-, el constreñimiento del PIB en términos acumulados alrededor del 60% durante los últimos 5-6 años, la obsolescencia tecnológica y la destrucción del poder de compra de la demanda interna, constituyen condiciones que resultan extremadamente difíciles para recuperar el aparato productivo nacional.
En este sentido, los responsables de la política pública tendrán que compatibilizar objetivos de corto y de mediano plazo, objetivos de eficiencia en el acceso a bienes y servicios en el corto plazo, con objetivos de rescate de la eficiencia dinámica de un aparato productivo maltrecho que requerirá medidas de búsqueda de profundización de la actividad económica doméstica, pensando en la Ley de Walras y considerando la evidencia exitosa de países que supieron y pudieron industrializar su economía.
El autor es economista de la UCV
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