Marrero seguirá en prisión acusado de conspiración y legitimación de capitales

Roberto Marrero, jefe de despacho del líder parlamentario y presidente interino venezolano Juan Guaidó, continuará en prisión por orden judicial tras ser presentado el jueves ante los tribunales, informó la defensa.

Arrestado el 21 de marzo por agentes de inteligencia, Marrero “va a quedar privado de su libertad” durante el proceso de recabación de pruebas, dijo a la prensa el abogado Joel García tras la audiencia en el palacio de Justicia en Caracas.

Marrero fue imputado por los delitos de “conspiración, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas y explosivos”, según García.

Tras la orden, comienza a correr un plazo de 45 días para las pesquisas de la Fiscalía.

Marrero fue acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de haber sido “organizador” de una supuesta operación para que mercenarios contratados en El Salvador, Guatemala y Honduras y entrenados en Colombia cometieran “asesinatos selectivos” y “sabotajes” a servicios públicos en territorio venezolano.

Maduro aseguró además que Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, planificaba un complot para asesinarlo. No hay reportes de que la denuncia del mandatario forme parte del caso.

La justicia, agregó García, ordenó que permanezca en prisión otro de los detenidos, Juan Planchart, señalado como “financista” del presunto plan.

Se le acusa de “legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración”, precisó el abogado.

Sí se le concedió libertad condicional a Luis Páez, chofer de Marrero, con medidas cautelares de presentación periódica a tribunales y prohibición de salida de Venezuela, así como de declarar sobre el caso.

Las acusaciones son tildadas de montaje por Guaidó. “No nos van a distraer con ollas”, aseveró.

Más temprano, este jueves, la Contraloría, el órgano que vigila a las instituciones públicas, inhabilitó por 15 años al jefe legislativo para ejercer cargos, acusándolo de corrupción, una medida que el opositor no reconoció.

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