Los representantes legales del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, intentan congelar por 120 días las demandas de los tenedores de deuda en default, señalando que no pueden operar mientras el gobierno de Nicolás Maduro les impide acceder a registros de Pdvsa en Venezuela. Sin embargo, los acreedores avanzan rápidamente hacia los juicios, indica un reporte de Redd Latam.
Los representantes de la firma estadounidense Hogan Lovells, contratados por Guaidó, solicitaron tiempo a los tribunales para los casos presentados por los tenedores de deuda de la petrolera estatal, diciendo que no pueden hacer una defensa adecuada mientras Maduro controla el acceso a los registros en Caracas, de acuerdo con documentos mostrados.
Los abogados de Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por Estados Unidos y decenas de otros países como jefe de gobierno desde que se declaró presidente interino el 23 de enero, piden “120 días para permitir que se complete la transición (política venezolana)”. Si la transición toma más tiempo, dicen que podrían solicitar otra extensión.
Los casos se complican por el hecho de que Maduro y Guaido afirman liderar la República Bolivariana de Venezuela, según se informó. Ambos nombraron a los principales litigantes, conocidos como procuradores generales, con Reinaldo Muñoz trabajando para Maduro y José Ignacio Hernández en representación de Guaidó.
En los dos casos de Pdvsa, una entidad llamada Red Tree Investments exige que la petrolera pague intereses vencidos en pagarés emitidos a GE Capital. Red Tree se presentó por primera vez en la corte del estado de Nueva York, pero Pdvsa trasladó los casos a la corte federal el 21 de marzo y el jueves solicitó la suspensión de 120 días.
“Es necesaria una suspensión limitada de estos procedimientos mientras el gobierno venezolano está pasando del régimen de Nicolás Maduro al gobierno recién instalado de Juan Guaido”, indicaron los abogados de Hogan Lovells.
“El gobierno de Guaidó actualmente no tiene acceso al personal informado sobre los reclamos en cuestión y, por lo tanto, no podrá responder, hasta que se produzca una transición completa”, acotan.
Este bufete solicitó también que un caso que persigue el pago de pagarés al fabricante de máquinas alemán Dresser-Rand, sea trasladado a un tribunal federal.
Otro caso, presentado por un tenedor individual de los bonos de Venezuela 2018 con cupón de 13.625%, se está adelantando en el Distrito Sur de Nueva York. Aquí, Casa Express -con sede en Miami- está exigiendo 34 millones de dólares.
La República aún no se ha presentado en el juicio y Casa Express informó que pronto buscaría un “fallo por defecto”, en el cual el tribunal otorga la demanda por falta de defensa del demandante.
El procurador general de Maduro, Reinaldo Muñoz, exigió a la corte y a otros tribunales desistir de reconocer a abogados de Guaidó, señalando que este no tiene una posición constitucionalmente válida en el estado venezolano.
Los abogados de Casa Express escribieron a la jueza Analisa Torres diciendo que debido a que EEUU no reconoce a Maduro, Muñoz no es diferente a un extraño, con lo que la jueza estuvo de acuerdo.
En otra situación, Pharo Management está demandando a la República en la corte del estado de Nueva York, y sus abogados se basaron en la decisión de Torres para excluir a Muñoz del caso.
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