La trama de corrupción tejida por el consorcio brasileño Odebrecht fue mucho más extensa que lo admitido por la compañía, e incluyó sobornos en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela, reveló un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El grupo, con sede en Washington, indicó que llegó a esa conclusión gracias a documentos de una división de Odebrecht «creada primordialmente para administrar los sobornos de la compañía».
«Cuando en diciembre de 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht S.A. admitió su papel en una trama de corrupción descrito por el Departamento de Justicia de EE.UU. como ‘el mayor caso de sobornos en el extranjero en la historia’ se inició una oleada de escándalos políticos en toda América Latina», escribió el reportero de ICIJ Sasha Chavkin.
Pero Odebrecht «no contó toda la historia. Una nueva investigación de ICIJ revela que la operación fue mucho más grande que lo admitido por la firma, y que involucró a figuras prominentes y enormes proyectos de obras públicas no mencionados en los casos criminales o las investigaciones oficiales hasta la fecha», agregó.
En una declaración entregada a ICIJ, Odebrecht anunció que «continuará haciendo todos los esfuerzos en un proceso de colaboración irrestricta con las autoridades competentes».
Según ICIJ, los documentos muestran que Odebrecht efectuó pagos secretos por más de 39 millones de dólares en relación con una planta termoeléctrica en Punta Catalina, República Dominicana, y que las investigaciones oficiales los ocultaron.
La empresa también registró 45 pagos ilegales por más de 10 millones de dólares por 11 proyectos públicos realizados en Perú, de los cuales 3 millones fueron por un oleoducto.
«Entre los elegidos para recibir pagos estuvo una compañía propiedad de un político peruano quien, durante una grabación no relacionada (con el oleoducto) divulgada recientemente por una estación de radio local, aparentemente planificaba el asesinato de un rival», continuó el informe de ICIJ.
Los más de 50 periodistas de 10 países que participaron en las investigaciones encontraron mensajes sobre pagos secretos que un banco, propiedad de agentes de Odebrecht, hicieron a compañías fachada para obtener el contrato de construcción del Metro de Quito, de unos 2.000 millones de dólares.
También encontraron pruebas de pagos relacionados con más de una docena de proyectos de infraestructuras en América Latina, incluidos sobornos por más de 18 millones de dólares por el Metro de la Ciudad de Panamá y más de 34 millones por la Línea 5 del de Caracas.
«Odebrecht sobornaba a funcionarios públicos en tal escala que creó una unidad especial, la División de Operaciones Estructuradas, con el propósito principal de administrar esos pagos», escribió Chavkin.
«Los archivos obtenidos por (el medio digital de Ecuador) La Posta e ICIJ contienen más de 13.000 documentos guardados en esta división en una plataforma de comunicaciones secreta, conocida como Drousys», añadió.
«Los archivos los obtuvo de manera separada el medio noticioso ecuatoriano Mil Hojas, que luego se unió al proyecto» de ICIJ, aseguró el grupo investigador, que durante más de cuatro meses investigó los libros de contabilidad de la «división de sobornos» de Odebrecht.
Las revelaciones sobre sobornos han tumbado Gobiernos en Brasil y en Perú, llevado al encarcelamiento de ex presidentes en ambos países, mientras que en toda la región las fiscalías han iniciado numerosos encausamientos de funcionarios públicos y otros beneficiarios de los sobornos.
El ICIJ, con sede en Washington, cuenta con casi 250 periodistas investigativos en más de 90 países y tiene alianzas con más de 100 organizaciones de medios incluidos la BBC y los diarios The New York Times, The Guardian y Asahi Shimbun.
– La respuesta –
Odebrecht precisó que no hubo omisión por parte de la empresa sobre la trama de corrupción tejida por el consorcio brasileño, tras la publicación de un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela que los sobornos fueron más amplios que lo confesado.
«Es equivocado afirmar que hubo omisión por parte de la empresa o que todos los proyectos mencionados en esos documentos tienen vinculación con actos de corrupción», señaló el grupo en un comunicado.
Odebrecht precisó «que hay una parte relevante de la información que fue puesta a disposición de la Justicia en diversos países y que todavía no fue hecha pública, en razón de la confidencialidad de los procesos».
Tras la publicación de la investigación, Odebrecht insistió que «todos los documentos y testimonios sobre los hechos sucedidos en el pasado, incluido la base completa de registros de sistemas» y del antiguo departamento dedicado específicamente a los sobornos «están desde hace tres años bajo posesión del Ministerio Público Federal brasileño y del Departamento de Justicia estadounidense».
«Este es un procedimiento de la justicia adoptado internacionalmente. Establece la confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones, respetando la soberanía de cada nación y buscando la eficacia de las acciones legales contra los acusados», aclara el consorcio.
La compañía se acogió recientemente a ley de quiebras con el fin de reestructurar una millonaria deuda después de diversos reveses tanto financieros como judiciales que le han situado al borde de la quiebra.
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