El Gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha tenido que caminar de puntillas a la hora de cerrar su proforma de presupuesto para 2020 y, de un lado, tener en cuenta el desasosiego social mientras, por el otro, trata de impulsar las necesidades de reforma para generar crecimiento.
La proforma que ha presentado el Ejecutivo y que deberá analizar la Asamblea Nacional asciende finalmente a 31.469 millones de dólares, una suma que no incluye alrededor de 4.029 millones de dólares que requiere para la importación de combustibles y derivados.
«Es un presupuesto conservador. Ecuador no tienen muchas opciones porque no hay demasiados sitios de donde sacar dinero», dijo a Efe María Teresa Escobar, directora del medio Primicias sobre política-económica.
En total, los requerimientos del Gobierno de Lenín Moreno ascienden a unos 35.500 millones de dólares y, si se cumplen las previsiones del Ministerio de Finanzas, se requerirá financiación externa por más de 6.600 millones.
Una cifra relativamente baja teniendo en cuenta los problemas de liquidez que ha tenido el país en los últimos años y que le han obligado a salir en busca de préstamos y líneas de crédito que le han originado no pocos problemas.
El más sonado ha sido la reciente ola de violencia que vivió el país a principios de octubre, en la que al menos seis personas murieron y 1.340 resultaron heridas cuando miles de manifestantes salieron a las calles a protestar por la eliminación de unos históricos subsidios a los combustibles.
El ahorro que calculó el Gobierno con esa medida era de unos 1.500 millones de dólares, de los que unos 400 millones correspondían al contrabando de combustibles por la diferencia de precios con los países vecinos, Perú y Colombia.
«El Ministerio está haciendo un esfuerzo para sacar adelante las enmiendas tributarias para cerrar brechas», dice Escobar, quien recuerda que no se trata de «un presupuesto muy alto» pero sí «muy inflexible».
«No hay mucho de donde cortar. En realidad no debería cortar sino generar ingresos», puntualiza.
Derogado el decreto a raíz de la ola de violencia, el Gobierno cree haber encontrado alternativas para la mitad de los 1.500 millones, pero la nueva decisión solo será anunciada esta vez cuando concluya la ronda de diálogo iniciada con todos los sectores sociales, según anunció Moreno.
Mientras tanto, es su ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien trata de encontrar los recursos para poner en orden las cuentas nacionales, y en una situación en la que distintas entidades internacionales, entre ellas el FMI, exigen a Ecuador reformas estructurales a cambio de una serie de préstamos por 10.200 millones de dólares.
Reformas tan polémicas como la laboral, para flexibilizar el empleo; la tributaria, para incrementar los ingresos del Estado; la fiscal, para reducir el gasto público; y la orgánica, para que las empresas públicas y organismos financieros funcionen de forma más ordenada y eficiente, y con la autonomía que requieren.
Martínez ha asegurado que, a diferencia del pasado, Ecuador hará lo indecible para respetar los acuerdos alcanzados con ese grupo de entidades, entre las que figuran también el Banco Mundial y el BID.
Su trabajo ahora es buscar alternativas para los recortes que estaban previstos en el decreto 883 y que fueron anulados, para los cuales se barajan todo tipo de alternativas.
No parecen figurar entre ellos ni una subida de impuestos -«la carga impositiva es alta en comparación con Latinoamérica», dice Escobar-, ni del IVA, actualmente en el 12 %, medidas consideradas en el país como un «paquetazo» y que podrían alentar nuevas protestas.
Al anunciar la entrega de la proforma, Martínez sí aludió a un recorte de los subsidios a las gasolinas – con un ahorro de unos 600 millones de dólares-, aunque esta vez lo haría el Gobierno de forma mucho más focalizada y sin que perjudique a las capas más débiles.
El Gobierno también seguirá reduciendo su inflada masa salarial, unos 455 millones de dólares en 2020, y el gasto en la compra de bienes y servicios, otros 246 millones.
En esas circunstancias, Ecuador necesitará financiación por unos 6.665 millones de dólares, 2.229 millones menos que en 2019.
Siendo país petrolero, tendrá incidencia en todas estas cuentas el precio del barril en los mercados internacionales y la producción, ya que el Gobierno ha tenido en cuenta un precio de 51,30 dólares y una producción de 533.700 barriles diarios.
Ecuador abandonó recientemente la OPEP dentro de una nueva política de austeridad, y para poder salirse de las cuotas de exportación de esa organización.
Escobar explica en ese sentido que el secreto está en «exportar más con valor agregado, producir más petróleo y diversificar la matriz productiva», y todo ello hay que hacerlo con «políticas de inclusión» y «sin asfixiar al sector privado».
«El cambio que se requiere es muy profundo porque el problema de Ecuador es que básicamente no crece. Por alguna razón este modelo medio flota, pero sigue siendo como un barquito sin motor», concluyó la periodista.
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