El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia, en medio de la crisis social que afecta al país.
El proyecto de ley habilita a las Fuerzas Armadas «colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial, cuyo funcionamiento eficaz es vital para la seguridad y calidad de vida de todos los chilenos», dijo Piñera a la prensa tras una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros (Policía).
La iniciativa permite asignar a militares esas tareas, «sin necesidad de decretar estados de emergencia constitucional, ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos», agregó el mandatario.
Durante el estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre, Piñera decretó Estado de Emergencia por nueves días, medida que otorga a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública, ante las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que se produjeron.
La Constitución chilena establece que las Fuerzas Armadas están dedicadas exclusivamente a la defensa nacional, y no tienen competencia en el orden público ni en la seguridad interna del país, a cargo de la Policía. Los militares sólo pueden ser convocados para intervenir en situaciones de excepción constitucional o desastres de emergencia.
La crisis social en Chile se ha extendido ya por cinco semanas, en las que han muerto 23 personas, más de 2.000 resultaron heridas y una cifra mayor a 200 sufrieron graves lesiones por disparos de perdigones de la Policía. La fuerza ha quedado en la mira por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos.
«Esta colaboración (de los militares) permitirá liberar a un significativo número de Carabineros para que vigilen y patrullen nuestras calles, plazas y lugares públicos, protegiendo el Orden Público y la Seguridad de nuestros ciudadanos», aseveró Piñera.
Organismos humanitarios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han coincidido en que durante la crisis actual han existido violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de agentes de seguridad del Estado.
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