El ex presidente Carlos Andrés Pérez durante la campaña electoral de 1998, prometía continuar la “prosperidad mediática” del gobierno de Jaime Lusinchi, si bien atenuó el discurso populista de su primer gobierno nunca advirtió de forma directa sobre las medidas económicas calificadas de “shock” que pensó contrarrestar a través de su carisma.
En su discurso de toma de posesión el 02 de febrero de 1989, Pérez promete la “liberación progresiva de la economía en todo lo que sea necesario…” abarcando todos los aspectos -tipo de cambio, exportaciones, precios, tasas de interés- superando el “intervencionismo avasallante de Estado protector y munificente…”.
El programa económico oficialmente fue anunciado el 16 de febrero, resultando sustitutivo de la tesis “desarrollista populista – nacionalista” implementada en 1945, por uno “tecnocrático”, tendencia para la cual Pérez mostraba entusiasta simpatía desde su primer gobierno (1974- 1979) al prometer en su discurso de proclamación de presidente electo en el Consejo Supremo Electoral- 1974 – integrar el gobierno con políticos y técnicos de méritos y capacidades y sin atender complacencias o compromisos partidistas.
Se observaba conforme a la crítica de la época la aplicación de restricciones económicas al nivel de vida de las mayorías para favorecer la recuperación de la clase empresarial y élites privilegiadas bajo el argumento de su descapitalización e impedimentos burocráticos para producir riqueza posteriormente en teoría se revertiría en beneficios sobre las primeras.
Se suscribió en Washington el 28 de febrero de 1989, el programa de “ajustes macroeconómicos” sugerido y auspiciado por el Fondo Monetario Internacional a través del “paquete económico” del ministro de Cordiplan Miguel Rodríguez asegurando la captación de “dinero fresco” para paliar los desequilibrios causadas por su implementación concordó con el restablecimiento de las garantías económicas constitucionales.
El Plan no fue previamente consultado o tardíamente expuesto a los sectores políticos y opinión pública coincidiendo que se mantuvo oculto para evitar la incidencia negativa en el proceso electoral de 1988. Se inició la política de privatizaciones en el sector eléctrico, telecomunicaciones, gas, petroquímica y participación del capital transnacional en la reactivación de campos petroleros, faja petrolífera del Orinoco y mercado interno de gasolina ocasiono una actitud mojigata por sectores radicales de izquierda y ultra nacionalistas en las fuerzas armadas argumentando la “entrega de la soberanía nacional”.
Las políticas de “liberación de la economía” o desmontaje de los controles del Estado trajeron por consecuencia la reacción de grupos políticos y empresariales usufructuarios del rentismo estatal durante la “cuarta república” debilitando el apoyo al gobierno inclusive por Acción Democrática.
Este programa estigmatizado y criminalizado por su carácter “neoliberal” buscando un efecto despectivo contra el gobierno por la extrema izquierda venezolana e internacional tributaria del rentismo petrolero más los enemigos de Pérez y del sistema democrático representativo. Se estableció una simbología dilemática extremista entre el bien /mal, entreguistas/nacionalistas, ricos/pobres, mayorías/minorías, pueblo/élites asumidos por los movimientos golpistas del año 1992, atribuyéndole todo lo negativo al gobierno.
Se debe acotar que ni Pérez ni su “Plan de Ajuste” lo consideraba “neoliberal” sino una forma de “modernización” de la economía venezolana dando a entender en algunos de sus discursos en esta coyuntura su animadversión de abandonar a las “fuerzas del mercado” el futuro de una sociedad.
La tendencia general de las élites políticas en Latinoamérica incluso económicas de derecha es que no se han definido ni asumido abiertamente por “neoliberal” quizás por los pocos dividendos electorales que proporcionan y supuesta desconexión con las carencias producto de la desigualdad pero tarde o temprano “medidas de ajuste” de esta naturaleza se tienen que implementar para evitar la completa ruina social heredadas de las “políticas populistas” inclusive de forma inevitable.
Se reconoce cierto éxito como la recuperación del crecimiento económico entre 1990- 1991, reducción del déficit fiscal, recuperación de las reservas internacionales. La historiadora Margarita López Maya asevera que el “paquete” de medidas macroeconómicas era un “recetario coherente” que “empezó a dar resultados ahí mismo” acompañado de un conjunto de profesionales que creían en ellas.
El manejo del gobierno con una visión particularmente economicista propio de la tendencia “neoliberal” de la década los ochenta y noventa, obtuvo cierto apoyo de las élites académicas, gerenciales y de la clase media, pues resultaba ser una interpretación restringida al tratar de concebir el manejo de la sociedad y particularmente la administración pública con criterios similares a la gerencia empresarial y ganancias o pérdidas.
La política de privatizaciones alentada por el Fondo Monetario Internacional se fundamentó entre otros argumentos que el Estado podría redefinir su papel en la economía, promover la libre competencia, atraer inversiones, modernizar la producción, superar la ineficiencia originada en la burocratización y clientelismo inclusive utilizar los pagos para procurar el equilibrio fiscal y financiar el gasto social.
Sectores de izquierda criticaban el reduccionismo del Estado constituida un “argumento neoliberal” y abandono de las políticas sociales actitud considerada lógica en virtud de la tendencia burocrática de estas con objeto de continuar su financiamiento por el Estado.
Existe un balance poco diáfano sobre los beneficios de las privatizaciones, alcance y repercusión para las mayorías considerando que no obtuvieron los resultados esperados por no realizarse completamente la liberación de la economía del control estatal para propender al libre mercado. Hugo Chávez en el gobierno lo revirtió incluso renacionalizó empresas privatizadas en la década de los noventa.
El Caracazo
Las protestas del 27 de febrero de 1989, conocidas como el “Caracazo” acaecidos a 25 días de instalado el gobierno de Pérez; para algunos fue el rechazado al modelo neo-liberal, para otros se debió exclusivamente al decaimiento total del modelo patrimonialista y redistribuidor coincidió con las políticas de desmonopolización estatal a través de privatizaciones.
Por causa inmediata destaca el incremento del precios de la gasolina decretada por el gobierno, coyunturalmente se desarrolló un paro escalonado de los transportistas de las rutas extraurbanas – Guarenas, Charallave, Los Teques – demandando aumento de los pasajes. Coetáneamente se produjeron huelgas en la extinta Policía Metropolitana exigiendo reivindicaciones salariales y reemplazo de los mandos militares en la institución, empleados tribunalicios reclamando deudas de la contratación colectiva, maestros, reclamos de estudiantes y empleados universitarios.
Destacó el papel de los medios de comunicación particularmente la televisión privada dedicada a transmitir los hechos en vivo y directo como novedad informativa lo que pudiera haber incitado y ocasionado una propagación en cadena.
Se critica la orientación exclusivamente economicista ignorando las apreciaciones del sector político -incluso Acción Democrática- y preponderancia en el gabinete del sector empresarial representado por el ministro de economía de la época Pedro Tinoco.
Pérez asume el 28 de febrero la necesidad de tomar las medidas económicas en detrimento de su popularidad aseverando “mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores…”. Estos acontecimientos fueron interpretados por Pérez como una “explosión social” estando ausente el aspecto “político” y consideró no solamente el aumento del alza del trasporte público fue la causa, por ello dijo: “No. Ya venía un deterioro de la situación social, el encarecimiento de la vida, de desempleo, una situación que hizo explosión. Sería muy frívolo e irresponsable decir que el aumento del transporte fue algo más que un chispazo. Solo fue eso. Pero si no lo hubiera sido, habría aparecido otro”.
Sugirió un enfrentamiento entre los ricos y pobres de los barrios, refiriéndose a los primeros a pulperos, bodegueros o comerciantes y ha acotado que no se produjo la crisis por las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el momento estas no se habían implementado considerando esta afirmación ridícula.
Pérez asevera que no fue informado veraz y oportunamente por los organismos de seguridad sobre la situación cumpliendo normalmente una agenda en la ciudad de Barquisimeto sin advertírsele de la gravedad de la misma – situación similar a la del 04 de febrero de 1992 – concluyendo que las muertes en esos acontecimientos se debió a la falta de organización y previsión de los cuerpos policiales, debilitamiento de los organismos de inteligencia en estas situaciones e inexperiencia del ejercito en el manejo de la crisis.
El Ministro de Defensa de la época Ítalo del Valle Alliegro asumió la crisis en forma pública al considerar Pérez que había desbordado la hipótesis de “orden público” siendo consecuente desde su primer gobierno al manifestar que el gobierno civil debe asumir responsabilidades frente al delito y no tratar de endosarla a la jurisdicción militar; no siendo una cuestión jurisdiccional sino la incompetencia de los cuerpos policiales que permiten la impunidad del delito; concepción verificada en los hechos de febrero de 1989.
El carácter represivo de las acciones del Ejército durante estos acontecimientos iniciadas a raíz de la muerte de Felipe Antonio Acosta Carles miembro fundador del Movimiento bolivariano particularmente en el sector “La Montañita” de la Parroquia El Valle de Caracas tuvo carácter retaliativo posiblemente causó el mayor número de muertos como ha hecho referencia el periodista Manuel Isidro Molina a la actuación de este militar en el barrio La Antena.
Se afirma que la mayor cantidad de muertos no ocurrió en las jornadas de protestas sino durante el toque de queda justificando los militares que les disparaban de algunos edificios y por eso respondieron en forma indiscriminada, a esta situación se aunó la suspensión de garantías constitucionales. La utilización en última instancia del Ejército con el objetivo de controlar y reprimir las manifestaciones al considerar que la policía fue superada es argumento para los movimientos golpistas de 1992, de haberse usado a las fuerzas armadas para arremeter “contra el pueblo”.
El Comité de Victimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) y su representante, la abogada Liliana Ortega, han aseverando que las investigaciones sobre el Caracazo lograron determinar y probar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fueron reacciones espontáneas en rechazo a la corrupción y a las medidas económicas aplicadas.
Los trabajos de COFAVIC independientemente de la óptica política que pudiesen ser interpretados son sistemáticos y consecuentes particularmente la labor de la abogada Liliana Ortega afirmando en estos hechos existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza de los agentes estatales, acompañado con ocultamiento y destrucción de evidencia y empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad. Ortega reclama para el año 2015 “no se haya establecido una sola condena en contra de los responsables…”. Las investigaciones y conclusiones del Comité fueron usufructuadas por allegados al “chavismo” como justificativo del movimiento bolivariano.
El general Carlos Julio Peñaloza ha sugerido que la visita de Fidel Castro a Venezuela en ocasión de la toma de posesión presidencial de Pérez ese año habría proporcionado material y logística a grupos radicales en virtud que gente del entorno de Pérez ayudó a actuar libremente aprovechando preparar la toma del poder a partir de la insurrección popular que se esperaba y efectivamente estalló el 27 de febrero.
Post 27F
En marzo se liberan precios de productos y empiezan a regir el mercado libre de divisas en sustitución al Régimen de Cambio Diferencial (RECADI); las medidas fueron acompañadas por un paquete social incluía regulación de productos básicos pero careció del impacto político y mediático hizo que pasaran desapercibidas o ignoradas por sectores anti- perecistas. Se creó la Comisión Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza (27-03-1989) con objeto de crear e implementar los “Programas Sociales Prioritarios”.
Se acentúa el cisma en Acción Democrática Lusinchi – Pérez cuando el último lo criticó públicamente de ser el causante de la situación económica y política que se manifestó en febrero de 1989.
Pérez a finales de marzo realiza a una visita los EEUU de carácter oficial destacando entrevistarse con el presidente George Bush – padre- y el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar y participar en la reunión del denominado “Grupo de los 77”; plantea el problema de la “deuda externa” aseverando la falta de soluciones está llevando a la radicalización “un síntoma de malestar político y de desestabilización” enfrentando América Latina “una grave contradicción. Existe un gran avance de la democracia en contraste con un deterioro de nuestra situación económica con un enorme empobrecimiento” que no pudiera corregirse sin el apoyo y solidaridad del mundo democrático no solo los Estados Unidos sino las democracias occidentales “las que tienen que ayudarnos a hacer democracia”.
Si bien Pérez elogiaba la iniciativa del gobierno norteamericano de rebaja de un 20% de la deuda externa por medio del denominado Plan Brady – en referencia al secretario del Tesoro Nicholas Brady –insistía en un 50% para que los países tengan un alivio y reanuden el crecimiento económico y la necesidad de designar una agencia que articule la condonación involucrando al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Acotó, frente a la tendencia manifestada en algunos países latinoamericanos que en las dictaduras se viven mejor que en la democracia, que “se olvidan que las dictaduras fueron quienes adquirieron las deudas y las democracias son quienes las están pagando”.
* Abogado UCAB. Lic. Estudios Internacionales UCV
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