La cementera francosuiza Lafarge fue encausada este jueves por “complicidad en crímenes de lesa humanidad”, tras haber sido acusada de financiar a grupos terroristas, entre ellos el Estado Islámico en Siria, informaron fuentes judiciales.
Lafarge SA, holding accionista mayoritario de la filial siria Lafarge Cement Syria (LCS), fue imputada asimismo por “financiación de empresa terrorista” y por poner en peligro la vida de exempleados de la fábrica de Jalabiya (norte). Esta decisión es “conforme” al requerimiento de la fiscalía de París, según las mismas fuentes.
Lafarge SA se encuentra sometida a un control judicial, lo que incluye una fianza de 30 millones de euros.
Tras ocho inculpaciones en los últimos meses de cuadros y directivos -entre ellos el expresidente de Lafarge entre 2007 y 2015, Bruno Lafont- por financiación de una empresa terrorista y/o haber puesto en peligro la vida del prójimo, ahora es el turno de Lafarge SA para explicarse ante dos jueces financieros, Charlotte Bilger y Renaud Van Ruymbeke, encargados del expediente junto a un juez antiterrorista, David de Pas.
Inicialmente programada para el 5 de junio, esta audiencia fue postergada ‘in extremis’ a demanda de Lafarge SA, al no poder enviar a su expresidente Saad Sebbar, nombrado en 2017, quien renunció al cargo poco después de recibir la convocatoria.
Un nuevo representante fue designado para asistir a la empresa este jueves junto a los abogados de la misma, Christophe Ingrain y Antonin Lévy.
El grupo, fusionado en 2015 con el suizo Holcim, es sospechoso de haber pagado en total, a través de su filial siria, LCS, casi 13 millones de euros entre 2011 y 2015 para mantener su usina de Jalabiya, en tanto el país se sumía en la guerra. Parte de este monto fue pagado al grupo yihadista Estado Islámico (EI), a título de “impuesto” para poder mantener sus actividades sin ser molestada.
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