El presidente Nicolás Maduro, advirtió a las cadenas de supermercados del país con tomar “medidas radicales” si incumplen con la Ley de Precios Acordados, una herramienta legal aprobada a finales de 2017 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para “garantizar” el abastecimiento.
“Pónganse a derecho, les doy una oportunidad, o cumplen con la Ley de Precios Acordados, o respetan los mecanismos de fijación de precios, o la revolución tomará medidas radicales”, dijo Maduro en un acto televisado con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2018.
El gobernante chavista recordó que a mediados de la semana pasada incrementó en 103% el salario mínimo integral, situándolo en 5.196.000 bolívares, que equivalen a 54 o poco más de 2 dólares según las tasas de cambio oficiales en Venezuela.
Tras este incremento, dijo Maduro, los precios de los productos experimentaron un alza, hecho que calificó como “guerra económica”, una tesis del chavismo gobernante que achaca a supuestos sabotajes el pobre desempeño de la economía venezolana.
“Ustedes son unos sinvergüenzas”, dijo el mandatario a los dueños de cadenas expendedoras de alimentos.
“Nosotros vamos a lograr el milagro económico, y lo digo, estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas”, añadió.
El Gobierno venezolano instaló hoy “mesas de trabajo para acordar los precios de los rubros que conforman el Plan 50”, aunque no se informaron los detalles de esta primera reunión ni qué productos o bienes sufrirán ajustes.
La advertencia de Maduro ocurre en medio de la severa crisis que sacude al país petrolero, y que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, así como en una hiperinflación que, según el Parlamento, que controla la oposición, fue de 2,4% diario durante mayo pasado.
Para atacar la crisis, el Gobierno venezolano ocupó este mes ocho de los principales mercados populares del país e inició el “abordaje” de otros 21, ante “indicios” de especulación, acaparamiento de productos y remarcaje de precios.
Una segunda fase de este plan prevé la intervención de otros 68 establecimientos, en lo que se informó entonces que es un intento por atacar a “las mafias que controlan alimentos” en la nación con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta.
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