El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció este lunes que su gobierno decidió negar el pedido de asilo que había presentado el exmandatario peruano Alan García, investigado por corrupción y quien abandonó la embajada uruguaya en Lima tras ser notificado de la resolución.
“En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos” del exmandatario, y por “consideraciones estrictamente jurídicas y legales (…) no concedemos el asilo político al señor Alan García”, dijo Vázquez en rueda de prensa junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
“Había que dar una respuesta rápida”, señaló el mandatario, que se apoyó en la lectura de tratados de derecho internacional público para fundamentar su argumentación.
“En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”, tuitéo luego el presidente peruano, Martín Vizcarra.
El canciller uruguayo Nin Novoa recordó que García inició el trámite de pedido de asilo en base a la Convención de Caracas de 1954, y leyó uno de los artículos de ese tratado en el que, remarcó, se señala que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas” ante tribunales ordinarios competentes por “delitos comunes”.
García, de 69 años, pidió asilo en la embajada uruguaya el 17 de noviembre luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país durante 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción de la línea uno del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).
El expresidente es sometido a una investigación preliminar de la fiscalía pero aún no es un procesado. Tiene prohibida la salida del país, pero no tiene orden de arresto.
Alega ser víctima de una “persecución política” en su país.
El gobierno uruguayo considera que “no (se) constituye persecución política tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos durante sus dos gestiones”.
“En consecuencia se ha instruido al embajador de Uruguay para que invite al señor Alan García a que se retire de nuestra representación diplomática”, añadió.
– Ley y tradición –
Vázquez, en su lectura, explicó que Uruguay estaba obligado por ley y tradición a concederle el refugio político provisorio a García hasta tanto no decidiera definitivamente sobre su demanda.
El mandatario mostró el expediente de “más de mil hojas” que le fue enviado por las autoridades peruanas para argumentar contra la concesión del asilo a García.
El expresidente socialdemócrata peruano, que también gobernó en 1985-1990, abandonó la embajada de Uruguay tras conocer la decisión, dijo por su parte el canciller peruano Néstor Popolizio y confirmó el embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros.
Vizcarra y el Poder Judicial peruano habían negado que García fuera víctima de persecución política, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos habían declarado que su pedido de asilo era una “táctica para eludir la Justicia”.
En Perú, el primer ministro César Villanueva sostuvo que compete al Poder Judicial actuar tras la decisión uruguaya. “Lo que pase de ahí no corresponde a lo político, sino a las acciones del Ministerio Público (fiscalía) y, en su momento, del Poder Judicial”, resumió.
En Uruguay líderes opositores que pidieron esta decisión al presidente de Vázquez manifestaron su apoyo a la resolución.
“Es una buena decisión del gobierno haber negado el asilo político a Alan García. Bien”, dijo en Twitter el aspirante opositor a la Presidencia con mayor relieve en las encuestas para los comicios de 2019, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, centroderecha).
“Bien hecho presidente Vázquez. Darle asilo al expresidente Alan García, indagado por la justicia independiente de un país democrático por hechos de corrupción, nunca debió haber sido una opción en una República, como la nuestra, donde manda el gobierno de la ley”, expresó el liberal Ernesto Talvi, aspirante por el también opositor Partido Colorado.
La semana pasada la fiscalía peruana le abrió a García una nueva investigación por supuestas irregularidades en otra licitación pública.
Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para “facilitarle” a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.
Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.
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