El mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sufre su mayor desgaste político desde que accediera a la Presidencia, hace un año, a consecuencia de una acuerdo energético con Brasil que la oposición ha denunciado por su presunto carácter secreto y como una entrega de la soberanía nacional.
El acta bilateral firmada en mayo fue conocida por la opinión pública la tarde del miércoles y de forma abrupta, ya que su divulgación se dio junto a la renuncia de Pedro Ferreira, presidente de la compañía de Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Ferreira se habría negado a firmar esa acta, que estipula nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil.
También se negó Fabián Cáceres, gerente técnico de la Ande que también presentó su renuncia.
Cáceres declaró a los medios locales que los técnicos de la Ande fueron apartados de esa negociación con la brasileña Electrobas y sustituidos por representantes de la Cancillería.
Y añadió que el acuerdo tendrá un sobrecosto para Paraguay de unos 250 millones de dólares.
De inmediato, la oposición tomó cartas en un asunto sensible a los ciudadanos como es la hidroeléctrica de Itaipú, cuya construcción requirió de la anegación de gran parte del lado paraguayo y cuya mayor parte de energía producida va a Brasil.
El acuerdo se destapó además cuando el Gobierno de Abdo Benítez se prepara para la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, en 2023, relativo al coste de la energía que Paraguay vende a precio de coste a Brasil.
Desde el Partido Liberal, el mayor de la oposición, se ha acusado a Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, de entreguismo con el Gobierno de su par, Jair Bolsonaro, y de firmar un acuerdo «extorsivo» e «indignante» para los derechos de los paraguayos.
Por su parte, senadores de la formación de izquierda Frente Guasu expresaron la posibilidad de someter a juicio político al presidente sobre la base de que esa acta se firmó entre «cuatro paredes» y sin informar al Congreso ni a la ciudadanía.
El Gobierno salió al paso de las críticas este jueves en una rueda de prensa a cargo del embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, quien fue quien encabezó en mayo la negociación de ese polémico acuerdo.
Saguier no solo negó que existiera una «renuncia de soberanía», sino que aseguró que el acta es «el primer gran triunfo de Paraguay en la negociación con Brasil con miras al compromiso que tenemos en el 2023».
Desde el Gobierno defienden, además, que el que no se informara sobre esas negociaciones es algo normal, puesto que estas se producen anualmente entre la Ande y Electrobas en el ámbito de la compra de potencia de la usina de Itaipú.
Sin embargo, esta vez se estableció, ante la exigencia de la parte brasileña, de incluir un cronograma con la contratación de potencia de la usina hasta 2022, algo que no se había hecho hasta el momento, ya que Paraguay fijaba esa cifra cada año.
Además, los montos de potencia media anual se incrementan en ese periodo desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022, lo que conlleva también un mayor desembolso al comprar más megavatios.
La oposición ha logrado llevar a su terreno la batalla de un relato que ya gira en torno a la supuesta entrega de soberanía energética como una verdad inmutable.
Ese debate se ha trasladado al Senado, que este viernes celebró una sesión extraordinaria en la que se escucharon aceradas críticas al Gobierno, principalmente por el «secretismo» de la negociación.
En ese sentido, se llamó la atención sobre que Abdo Benitez no hiciera ninguna mención a ese acuerdo el pasado 1 de julio, cuando compareció ante el Congreso para rendir el primer informe de Gobierno.
Los senadores acordaron la formación de una comisión de investigación y la comparecencia este lunes del canciller, Luis Alberto Castiglioni, del nuevo director de la Ande, Alcides Jiménez, y el director del lado paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete.
Ello a menos de un mes del primer aniversario como jefe del Ejecutivo de Abdo Benítez, que asumió con promesas de transparencia y el compromiso de que Paraguay negocie de igual a igual la decisiva renegociación con Brasil sobre Itaipú en 2003.
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