Los 137 países y territorios que negocian sobre la fiscalidad de la actividad digital en la OCDE han llegado a un acuerdo que sienta las bases de negociación del futuro impuesto que permitirá gravar a las multinacionales en el lugar en donde tengan sus clientes, aunque no dispongan allí de presencia física.
Ese compromiso, que mantiene el objetivo de que el acuerdo se concrete antes de finales de 2020, fue presentado en forma de comunicado este viernes tras una reunión de dos días, el 29 y el 30 de enero, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sobre todo, significa que la organización ha conseguido imponer a las partes la propuesta que presentó el pasado mes de octubre, y que Estados Unidos acepta el principio de un impuesto a las grandes compañías del negocio digital, que en su mayor parte son estadounidenses, como Google, Amazon, Facebook o Apple.
Pero al mismo tiempo, Washington ha conseguido incluir en ese compromiso para seguir discutiendo lo que se llama un «régimen de protección», es decir, la posibilidad de que las empresas puedan elegir el régimen fiscal al que serían sometidas.
Aunque «un gran número» de los negociadores manifiestan «la inquietud» que les suscita esa idea estadounidense, han aceptado que ese punto figure en la lista de los temas en los que van a trabajar en los próximos meses, pero con la condición de que no habrá una decisión final sobre ese asunto mientras no se haya aprobado la arquitectura general del impuesto.
El responsable de la política fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, insistió en que esa propuesta no forma parte del eje central, aunque tiene implicaciones para su aplicación, pero que únicamente se discutirá una vez que se haya decidido lo esencial.
En una conferencia de prensa, Saint-Amans reconoció que hay que profundizar sobre lo que significaría ese «régimen de protección» y que por ahora la posibilidad de consenso sobre ese elemento es «casi nula».
Los negociadores, que tienen programada su próxima reunión en Berlín en julio para buscar un acuerdo político sobre la estructura detallada, han fijado una lista de las actividades que deberían ser objeto de imposición en el futuro impuesto.
Básicamente son los servicios digitales automatizados, lo que incluye por ejemplo las redes sociales, los motores de búsqueda, los juegos o la publicidad en línea; y la actividad dirigida a los consumidores, lo que cubre toda la venta de productos para uso personal.
Preguntado sobre las razones de que los países hayan cedido en sus posiciones iniciales para asumir la propuesta de la OCDE, Saint-Amans explicó que en primer lugar han querido evitar la perspectiva de que el comercio mundial se pueda ver obstaculizado por impuestos o aranceles aplicados de forma separada por unas y otras jurisdicciones.
Pero también hizo hincapié en la «racionalidad» del sistema que se va a discutir, que vincula los impuestos que tienen que pagar las empresas con los consumidores que les permiten obtener beneficios.
Esta negociación en la OCDE ha dado lugar en los últimos meses a un pulso entre Estados Unidos y la Unión Europea, y en particular Francia.
Europa ha anunciado la creación de impuestos propios, para gravar el negocio de los gigantes digitales, principalmente estadounidenses, mientras Washington ha amenazado con subir los aranceles a los productos procedentes del Viejo Continente.
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