Un funcionario designado por Nicolás Maduro contrató los servicios legales y de cabildeo ante la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, según el registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia.
El negocio parte de un esfuerzo por aliviar las sanciones y restablecer las relaciones bilaterales justo cuando parece estancarse la campaña estadounidense para derrocar al gobierno de Maduro.
Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador general designado por Maduro en 2015, contrató por 12,5 millones de dólares a la firma estadounidense Foley & Lardner LLP, que además fichó por 2 millones al cabildero Robert Stryk, de la firma Sonoran Policy Group, detallan los documentos registrados con fecha del pasado 24 de enero.
La firma legal y la empresa de Stryk, Sonoran Policy Group, se registraron separadamente como contratados por Muñoz ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en documentos publicados el lunes en el sitio en línea de dicha oficina.
Sus labores incluirán “desarrollar una estrategia para actuar con el gobierno de Estados Unidos a fin de retirar al actor extranjero u otros actores de las listas de entidades sujetas a sanciones económicas estadounidenses debido a sus vínculos con la República”, dice el documento de Foley.
Las gestiones se llevan a cabo mientras el respaldo estadounidense a Juan Guaidó, el líder opositor que muchos países consideran presidente legítimo de Venezuela, está siendo criticado.
Un año después de iniciada la campaña respaldada por Estados Unidos para sacar a Maduro del poder, el gobernante venezolano ha logrado aplastar un intento de golpe, protestas masivas y duras sanciones económicas estadounidenses que han cortado el acceso de su gobierno a los bancos occidentales.
Envalentonado por los reveses de Guaidó, Maduro está ahora tratando de mejorar su imagen en Washington, donde ha sido tachado categóricamente de dictador.
Este mes, Maduro le dijo al Washington Post que desea dialogar directamente con el gobierno estadounidense a fin de aliviar las tensiones que han empeorado las penurias económicas en el país petrolero de 30 millones de habitantes. También invitó a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a enviar observadores a las elecciones legislativas que se realizarán en unos meses.
– Contratos de Robert Stryk –
Stryk, vinicultor y exasesor republicano que perdió una elección para alcalde en Yountville, California, es uno de los cabilderos más importantes en Washington en la era de Trump.
Fue asesor voluntario en la campaña del mandatario en la costa occidental de Estados Unidos. Su firma, el Sonoran Policy Group, no realizó labores de cabildeo de 2013 a 2016, pero desde principios del 2017 ha hecho negocios con entidades extranjeras por más de 10,5 millones de dólares.
Al igual que Venezuela, muchos de los clientes tienen mala reputación en Estados Unidos o están bajo sanciones económicas. Ejemplos de ello son Somalia, la República Democrática del Congo y el Ministerio del Interior de Arabia Saudí, que firmó un contrato por 5,4 millones de dólares en mayo del 2017.
Además, el asesor representa a Isabel dos Santos, la mujer más acaudalada de África, quien ha sido acusada de haber acumulado una enorme fortuna gracias a préstamos estatales conseguidos por su padre, un expresidente de Angola.
Foley dijo en su declaración que recibió un poco más de 3 millones de dólares en pagos iniciales a nombre de Muñoz provenientes de lo que parecen ser dos compañías registradas en Hong Kong. Su trabajo también incluye discusiones con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras agencias relacionadas con las sanciones contra el gobierno de Maduro.
En diciembre, la firma de Stryk también presentó documentos ante el Congreso diciendo que representa a Greylock Capital Management, un fondo de cobertura de Wall Street, para apoyar en la recaudación de millones de dólares en deudas no pagadas de Venezuela a tenedores de bonos estadounidenses. Un vocero de Greylock dijo que Stryk nunca fue contratado.
Este mes, el nombre de Stryk apareció escrito a mano en notas divulgadas por la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del juicio político de Trump.
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