El bufete de abogados estadounidense que fue contratado por US$12.5 millones por un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro ha decidido deshacerse del controvertido cliente venezolano, en medio de una gran protesta por parte de los críticos que lo acusaron de apoyar a un «dictador» socialista.
La agencia AP había informado el lunes que Foley & Lardner acordaron representar al Procurador General de Maduro, Reinaldo Muñoz. Los documentos presentados ante el Departamento de Justicia mostraron que Foley & Lardner, que tiene oficinas en Washington, a su vez pagó US$2 millones para contratar al influyente cabildero Robert Stryk para ayudar a su cliente a aliviar las sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, e involucrar a la administración Trump en conversaciones directas.
El senador republicano de Florida Rick Scott inmediatamente denunció la medida, diciendo en una carta a la firma que instaría a sus colegas del Senado a seguir su ejemplo y boicotear al bufete hasta que cortara sus lazos con un «dictador peligroso».
Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron el jueves que Foley se retiraba del caso. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir el asunto. El director de comunicaciones de Foley, Dan Farrell, declinó hacer comentarios.
«Espero que los últimos días sirvan como una lección para cualquier otra firma de cabildeo, consultores u organizaciones que si apoyas a Maduro y su banda de matones no me quedaré callado», dijo Scott en un comunicado enviado por correo electrónico a AP.
Un alto funcionario del gobierno venezolano dijo que la revocación no desanimaría al gobierno de Maduro a buscar un diálogo honesto con la administración Trump. El funcionario habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.
Foley dijo en su presentación que recibió un poco más de US$3 millones en pagos iniciales en nombre de Muñoz de lo que parecen ser dos compañías registradas en Hong Kong. Su trabajo también fue incluir discusiones con funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU y otras agencias del gobierno con respecto a las sanciones contra el gobierno de Maduro.
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