La más reciente edición de nuestro Informe Bancario, con datos correspondientes al mes de febrero, muestra que el Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) de la banca venezolana cayó 7,21% en comparación con el mismo mes de 2019.
Los beneficios del sistema bancario han venido registrando una desaceleración severa en los últimos años, básicamente por regulaciones que han venido asfixiando su capacidad para obtener ingresos, especialmente por la actividad de intermediación, junto con un cuadro general de recesión.
Hemos comentado ampliamente los efectos de una política de encaje legal que básicamente seca la liquidez de la banca y le impide prestar fondos suficientes para apalancar la actividad económica.
Ahora, en medio del estado de alarma nacional por la pandemia del coronavirus Covid-19, el gobierno ha decretado un régimen especial de emergencia para la cartera de créditos que busca asegurar que las empresas tengan flujo de caja para soportar la contingencia.
Básicamente la norma en cuestión crea las condiciones para que el Ejecutivo Nacional, de manera discrecional, pueda tomar medidas que modifiquen las condiciones de los créditos vigentes (100% de la cartera) al 23 de marzo del corriente año, lo que plantea una fuente muy grave de incertidumbre para un sector ya severamente golpeado.
Básicamente, nuestra opinión es que cualquier medida que se adopte en el contexto de este régimen especial, como una reestructuración generalizada de pagos de capital e intereses, será contraproducente, tanto para el sistema bancario como para las empresas que tienen su vida productiva en riesgo por esta tragedia mundial.
No se defiende la estabilidad de los negocios amenazados, especialmente en un país con más de seis de años de depresión económica, generando medidas que obstaculicen el crédito, por lo que consideramos que la única decisión válida para enfrentar esta situación es la liberación progresiva de encaje legal.
Según nuestros cálculos, con la liberación, por ejemplo, del 30% del encaje marginal se estarían descongelando más de 220 millones de dólares, lo que significa más que duplicar la cartera de créditos vigente, con una inyección de liquidez limitada, en línea con la estrategia que el gobierno ha llevado a cabo para contener la hiperinflación.
En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana analizamos los costos que significa para la banca la aplicación del régimen especial aprobado para la gestión de la cartera de créditos, en un contexto de contracción generalizada de la economía, previa a la emergencia nacional ocasionada por el coronavirus Covid-19; un proceso perverso en el cual el sistema bancario ha sido uno de los más afectados.
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