Rosneft espera que el gobierno de Estados Unidos proceda a levantar las sanciones financieras y comerciales que pesan en su contra, después haber roto sus relaciones con el gobierno de Venezuela, a través de una venta de sus activos y operaciones a una petrolera aún no conocida del estado ruso, por un valor que se estima en US$3.900 millones.
Esta cifra surge de calcular cuánto representa, al valor del cierre del viernes 27, el 9,6% de las acciones de la petrolera que es el precio pactado de la operación de compraventa, anunciada el último fin de semana, según Argus Media.
Esta agencia especializada señala que Rosneft venía buscando la puerta de salida desde 2019, vistas las crecientes pérdidas que representaban sus operaciones en Venezuela, las cuales además tenían un impacto mínimo en su portafolio. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a sus filiales comercializadoras fueron, posiblemente, la «gota que derramó el vaso».
Rosneft, que es uno de los buques insignias del sector petrolero ruso, no es una empresa plenamente estatal, sino que tiene socios privados, por lo que no era factible que la administración de Vladimir Putin la mantuviera en una situación de riesgo que impactaba seriamente sus resultados, por lo que, previa comunicación con la administración de Nicolás Maduro, encontró la forma de resolver el problema, aparentemente a plena satisfacción de las partes.
Curiosamente, el diputado Ángel Alvarado y el ex ministro de Petróleo Rafael Ramírez coinciden en señalar que la salida de Rosneft es ilegal. El primero sostiene que esta materia debía someterse a la aprobación de la Asamblea Nacional, mientras que el segundo opinó que los activos transferidos por Rosneft no son de su propiedad, sino que pertenecen al Estado venezolano, por lo que la venta no es un mecanismo legal.
Ramírez escribió en un artículo publicado en su sitio: «La operación de Rosneft de transferir sus activos y operaciones a una entidad del gobierno ruso es análoga a que “Chevron” transfiriera sus acciones al Departamento del Tesoro o al Departamento de Estado norteamericanos, o que, cualquier socio privado de PDVSA transfiriera sus activos y operaciones a un fondo especulativo, a una empresa de alimentos o lo que sea. En todo caso, SIEMPRE debe ser aprobado por el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, porque además, el Estado venezolano debe velar por el interés nacional y verificar lo que se está transfiriendo. En ningún caso, ni Rosneft, ni ninguna otra empresa socia de PDVSA, puede transferir ni vender, por ejemplo, las reservas de petróleo y gas con las que operaba en el país, ya que ellas SON PROPIEDAD del Estado venezolano, mientras estén en el subsuelo y solo cuando se realiza su producción, previo pago de la regalía correspondiente, es que, el privado puede disponer del volumen equivalente a su participación en la empresa mixta» (subrayados en altos son del texto original).
– Amor con hambre … –
«Tomamos esta decisión en interés de nuestros accionistas, como una empresa internacional que cotiza en bolsa», dijo el portavoz de Rosneft, Mikhail Leontyev, respondiendo a una pregunta de la agencia estatal de noticias rusa Tass. «Y tenemos derecho a esperar, de hecho, que los reguladores estadounidenses cumplan sus promesas públicas».
Lo cierto es que la única deuda que el gobierno de Nicolás Maduro pagaba puntualmente era la que mantenía con Rosneft, la cual tenía un saldo aproximado de US$1.000 millones pendiente, de un pasivo total que ascendía a cerca de US$4.000 millones. Estos números indican que Rosneft no solo soltó una «papa caliente», sino que, además, se fue bien pagada.
De acuerdo con una nota publicada por Reuters, la salida de Venezuela significa que el Estado ruso pierde la mayoría accionaria en Rosneft, pues al conceder 9,6% del capital de la empresa como pago de las operaciones, se queda con menos de 50% del capital, un volumen que era controlado por Rusia a través de Rosneftegaz.
Rosneft producía junto con su socio mayoritario, Pdvsa, unos 80.000 barriles por día en la empresa mixta Petroboscán, que representó 1,7% de la producción total de la corporación rusa, estimada al cierre de 2019 en 4,7 millones de b/d. Evidentemente, la operación era altamente costosa.
– ¿Mala noticia para Chevron? –
Según conoció Banca y Negocios a través de fuentes del sector petrolero, el gobierno de Nicolás Maduro se quedó con la garantía de que nada cambiará, aunque estos mismos informantes sostienen que eso es improbable, por las fortalezas específicas de Rosneft, especialmente en materia de comercialización.
Ahora, la duda se cierne sobre Chevron, la única productora de crudo estadounidense que queda en suelo venezolano, y que reportó una producción de 180.000 barriles por día en la empresa mixta Petropiar al cierre de 2019. Con ella quedan en el país las empresas de servicios Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger Limited y Weatherford International, que siguen autorizadas por el gobierno de Estados Unidos a operar en Venezuela, en los mismos términos que la petrolera californiana.
Ante el reforzamiento de las sanciones contra el gobierno venezolano en control del territorio, a tal extremo que se declaró buscado por la justicia de Estados Unidos al mandatario Nicolás Maduro, crecen los temores sobre la no renovación de la licencia para que estas compañías sigan en Venezuela.
Indican las fuentes que ya Chevron, que insiste ante Washington en la conveniencia de permanecer en el país, tiene preparada su salida.
En todo caso, el escenario petrolero es complicado para Venezuela, y más aún en un contexto de desplome de precios internacionales, una situación que podría prolongarse durante meses, detonada por razones estructurales como la baja demanda por la pandemia de coronavirus y el consecuente incremento de inventarios -Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos siguen produciendo a pleno nivel-, así como por la crisis estructural de Pdvsa.
Fuente: https://ift.tt/2QWMxdH
No hay comentarios:
Publicar un comentario