El Gobierno de Nicolás Maduro denunció este domingo 24 de mayo la presunta venta ilegal de la empresa Citgo Petroleum, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras una decisión judicial del tribunal estadounidense del distrito de Delaware, acción que se constituye un acto de “piratería moderna”, enfatizó el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
“Venezuela denuncia la decisión del Tribunal del Distrito de Delaware, EEUU, sobre la venta judicial de las acciones de la empresa Citgo, propiedad de Pdvsa, luego de llevar a cabo un acto de piratería moderna a través de un proceso que carece de legitimidad”, expresó.
El diplomático difundió un comunicado oficial en que el Ejecutivo venezolano resalta que tal sentencia es una evidencia de un plan de la administración de Donald Trump para confiscar los activos propiedad de Venezuela y sus empresas Pdvsa, y para ello usa como cómplice al diputado Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por washington.
El Gobierno reiteró que detrás de estas acciones está una fraudulenta representación de la República y de Pdvsa, “que no sólo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional, en beneficio de las intenciones injerencistas”, cita el texto divulgado por el canciller en el Twitter.
Además, alerta a la comunidad internacional y a quienes poseen inversiones en el país del norte que “deberían permanecer muy atentos a este caso, puesto que es indicativo de las acciones que EEUU está dispuesto a llevar a cabo, incluso en contra del ordenamiento jurídico internacional e interno, para hacer valer sus intereses sobre inversiones extranjeras estratégicas”, refiere el comunicado.
A continuación, el texto íntegro del comunicado:
«La República Bolivariana de Venezuela denuncia que el 22 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito de Delaware, Estados Unidos, emitió una decisión mediante el cual ordenó llevar adelante los procedimientos para la venta judicial de las acciones de la empresa estatal venezolana Citgo Petroleum pertenecientes a PDV Holding, empresa propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
Con esta sentencia queda clara la existencia de un plan por parte del gobierno estadounidense de confiscar los activos de Pdvsa en Estados Unidos. Para tales fines, han delegado en el diputado Juan Guaidó y sus cómplices, el establecimiento de una fraudulenta representación de la República y de Pdvsa, que no sólo es ilegal, sino que actúa en detrimento del interés nacional, en beneficio de las intenciones injerencistas.
La sentencia pretende ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por valor de 1,2 millardos de dólares, a partir de una reclamación realizada por la empresa canadiense Crystallex en contra de la República Bolivariana de Venezuela aun cuando ni Pdvsa, ni Citgo, ni PDV Holding, son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Ciadi.
La República Bolivariana de Venezuela advierte una vez más que los representantes judiciales que han pretendido actuar en nombre de la República y de Pdvsa en tribunales estadounidenses carecen de cualquier legitimidad para hacerlo. Por el contrario,Venezuela ha denunciado el gravísimo hecho de que el abogado que fraudulentamente pretende representar a la República, en realidad ha trabajado como asesor jurídico de la empresa Crystallex, y es quien ha impulsado la tesis según la cual se pretende confundir como uno solo el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y el patrimonio de Pdvsa.
Ante este acto de arbitrariedad y piratería moderna, la comunidad internacional, en particular quienes poseen inversiones en Estados Unidos, deberían permanecer muy atentos a este caso, puesto que es indicativo de las acciones que Estados Unidos está dispuesto a llevar a cabo, incluso en contra del ordenamiento jurídico internacional e interno, para hacer valer sus intereses sobre inversiones extranjeras estratégicas.
La República Bolivariana de Venezuela, a través de sus legítimos representantes, continuará llevando adelante la defensa del patrimonio de todos los venezolanos, en cualquier parte del mundo, para lo cual se reserva todas las acciones a que haya lugar en el plano internacional y en la jurisdicción de Estados Unidos, para hacer valer sus derechos soberanos».
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