El 1° de Mayo llega en plena pandemia del COVID-19 que mantiene a la mayoría de los trabajadores confinados en sus casas, pero también enfrentando largas colas para la compra de alimentos y con un salario mínimo integral que no alcanza los cinco dólares.
“Con esta realidad que golpea a diario, este año tampoco habrá nada que celebrar en ocasión del Día del Trabajador”, señala Linerby Sánchez, directora de Proyectos del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
La crisis económica y social se acentuó con la parálisis provocada por el nuevo coronavirus desde marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria y con ella una cuarentena social.
Sin embargo, las decisiones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro que más preocupan son la intervención -bajo uno u otro esquema- de algunas de las empresas productivas para supervisar sus ventas y la fijación de precios a 27 rubros básicos en un contexto de hiperinflación.
“Esta situación augura escasez y el regreso del bachaqueo de los productos controlados por las autoridades, empeorando la ya precaria condición de los trabajadores para medio comer, derivada de la hiperinflación en una economía que se ha dolarizado de facto, pero en la que los salarios, sobre todo en la administración pública, se pagan en bolívares que no valen nada”, dijo Sánchez.
Venezuela sigue con el salario mínimo (Bs 400.000) más bajo de América Latina (equivalente a casi 2 dólares, más otro monto igual por bono de alimentación) y la inflación más alta del mundo con 2.430,6% interanual a marzo de 2020, según las cifras del Banco Central de Venezuela.
Estos hechos ponen de manifiesto la imposibilidad de que los trabajadores puedan recuperar poder adquisitivo. “Los aumentos de sueldos anunciados por el Ejecutivo nacional son solo simbólicos y la prueba está en que el salario mínimo que entrará en vigencia este 1° de Mayo y se hará efectivo el 15 del mes, apenas sirve para comprar hoy medio cartón de huevos”.
Esta alza salarial incumple nuevamente el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta tripartita, ya que fue decidido de manera unilateral, indicó la directora del Inaesin.
De acuerdo con datos del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Inaesin, 45,35% del total de conflictos registrados durante el primer trimestre de 2020 estuvo vinculado a exigencias salariales.
El gobierno de Maduro se empeña en no querer rectificar su política económica y mientras siga ahuyentando la inversión necesaria para reactivar el aparato productivo y recuperar la infraestructura de servicios públicos del país, “los trabajadores seguirán pagando la ineficiencia del Estado con más inflación y pobreza”, concluyó Sánchez.
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