La crisis pareciera que está forzando una mutación, por la vía de los hechos, en el modelo socialista que ha venido promoviendo el grupo político que detenta el poder desde 1999, un dato de la realidad que pudiera abrir nuevos escenarios para la economía venezolana, si se mira el panorama desapasionadamente.
La concepción que había prevalecido como idea básica en los hacedores de política económica era que, como la renta petrolera era propiedad del Estado y, en mayor o menor medida, todos los ciudadanos éramos destinatarios de esa renta, el gobierno, como administrador del Estado, tenía el derecho a incidir en ese reparto de manera directa y coercitiva.
Ello significaba que la economía podía ser plenamente controlada por el Estado, puesto que la renta petrolera era la base de capital en la cual se sustentaba, directa e indirectamente, toda la actividad de los agentes, de manera que los órganos del Estado, especialmente el Poder Ejecutivo, tenían el derecho y las prerrogativas de redistribuir esa renta, de acuerdo con un supuesto criterio de “igualdad”.
Por supuesto, esta concepción es más que discutible. Es falsa. En Venezuela, existía un sector privado generador de riqueza que, con sus debilidades y problemas, había construido una base productiva en la que se sustentaba más de 85% del consumo y una parte mayoritaria del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, los administradores del Estado hicieron lo impensable, lo que parecía imposible: destruir la fuente de la renta básica de la economía venezolana, generando una debacle sin precedentes del sector petrolero nacional y de la economía en general.
Los primeros resultados de ese proceso destructivo fueron el incremento del déficit fiscal público y una decuplicación de la emisión monetaria. Pdvsa y otras empresas estatales llegaron a requerir un costoso y billonario financiamiento del Banco Central de Venezuela y una creciente nómina gubernamental, así como programas sociales requirieron que el financiamiento inorgánico se expandiera a límites extraordinarios.
La consecuencia fue la hiperinflación que el país padece desde hace más de dos años y sin que exista una perspectiva clara sobre cuándo se podría salir de esta situación. Igualmente, se fue generando una profunda recesión que, al final de este ejercicio, podría significar que la economía venezolana termine con un tamaño equivalente a 25% del que tenía al cierre de 2013.
Desde finales de 2018, sin cambiar el discurso, por la vía de los hechos, el gobierno nacional ha venido cediendo espacios al sector privado –todavía con grandes limitaciones, ciertamente- pero se han abierto algunas rendijas que podrían ensancharse en el futuro.
La dolarización transaccional y el rol decisivo de la empresa privada en las importaciones son buenos ejemplos de cómo, al final, un gobierno partidario de controles estrictos y extremos ha sido capaz de hacerse a un lado, e incluso aceptar los imperativos de la realidad, al punto de dar «gracias a Dios» por un fenómeno que contradice claramente a la doctrina.
No se trata de confiar a ciegas. Sin embargo, hemos escuchado un número creciente de testimonios de que, en medio de la situación crítica y del complicado tramado de sectores que hay dentro del oficialismo, se habla de políticas de apertura, como en el caso de la distribución de combustibles, en la cual, según hemos podido constatar de manera confiable, el sector privado tendrá un rol relevante en la importación y la distribución.
En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana entregamos una aproximación a lo que parece ser una, muy posiblemente forzada, transformación del modelo socialista hiperestatista en un sistema con más apertura hacia el sector privado. Es posible que, en medio de la incertidumbre, comiencen a surgir más oportunidades para hacer negocios, aunque siempre hay que evaluar un riesgo político que no ha desaparecido.
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