La banca pública brasileña, concentrada en Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, ha iniciado un proceso de desmantelamiento que incluye cierre de oficinas y reducción de personal, obligada por la digitalización y un cambio de principios que pone en peligro su ya casi olvidada vocación social.
Banco do Brasil, la mayor institución financiera del país, anunció esta semana un plan de despidos voluntarios con la intención de jubilar anticipadamente a 18.000 de sus 109.159 trabajadores y sus perspectivas más optimistas es que se acogerán a él algo más de la mitad.
La reestructuración es aún más profunda porque, en un comunicado enviado al mercado, el banco informó además que prevé el cierre de 402 oficinas, la transformación de otras 379 en puestos de atención automática y la eliminación de 31 superintendencias en diversos municipios.
Por otro lado, fuentes de la Caixa Económica Federal confirmaron a Efe que la entidad estudia un proyecto parecido, aunque a menor a escala, que podría afectar a 11.000 trabajadores y al cierre de al menos 100 agencias, aunque hasta finales de año no se pronunciarán oficialmente.
Estos ajustes poco tienen que ver con la profunda crisis económica que atraviesa el país, pues Banco do Brasil obtuvo un beneficio neto de 3.645 millones de dólares en 2015, un 28 % sobre el año anterior, mientras que las ganancias de Caixa Económica Federal crecieron un 0,9 % hasta los 1.895 millones de dólares.
Se trata de algo más profundo que atañe directamente a su fundamento como banca pública: la transformación en entidades financieras de facto, olvidando su concepto social, y la relevancia que ha tomado para ellos un proceso de digitalización que avanza imparable.
Hace años, con un papel más político que comercial, el Banco do Brasil se propuso tener una oficina en cada municipio con un mínimo de habitantes para dar servicio a las comunidades agrícolas del interior del país.
“Y eso no es viable económicamente”, dijo a Efe el profesor Fernando Meirelles, especialista del sector bancario de la Fundación Getulio Vargas.
El número de agencias de Banco do Brasil creció hasta hace dos años, cuando comenzó a descender hasta sumar en el cierre de 2015 un total de 5.429, un número aun así muy por encima de la competencia.
El Itaú-Unibanco, el privado más importante de Brasil, tiene 3.788 y la Caixa Económica Federal acumula 3.404, según datos de la Federación Brasileñas de Bancos (Febraban).
Sin embargo, Meirelles aprecia que Banco do Brasil tiene “hoy un papel muy poco social, es un banco normal” y además “ya no es el único que realiza financiamiento agrícola”.
Paralelamente, el fenómeno de la digitalización sigue creciendo porque a pesar de que “aumenta el número de clientes y de transacciones”, disminuyen las operaciones en las oficinas.
El presidente de Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, explicó esta semana que el porcentaje de operaciones realizadas por Internet o dispositivos móviles subió desde el 59,3 % del total de transacciones bancarias en septiembre de 2015 hasta el 67,2 % en septiembre de este año.
Pero, ¿qué pasará con ese tercio de la población que aún no utiliza Internet? Es el punto que denuncia Wagner Nascimento, coordinador de la Comisión de Empresa de Banco do Brasil del sindicato bancario Contraf-CUT.
“Es un movimiento de desmonte porque si reduces la participación del banco principalmente en agencias menores, reduces la participación en el interior del país y, en cierta manera, dejas de atender las políticas públicas”, dijo a Efe Nascimento.
En su opinión, este plan tiene “un impacto” en el acceso al crédito para la pequeña empresa y el productor agrícola, quienes veían a Banco do Brasil “como alguien a quien recurrir” en cualquier momento.
No obstante, Meirelles apunta que en pequeñas localidades tiene más sentido la figura de los corresponsales bancarios y otro tipo de servicios como los que presten las estafetas de la lotería, que tener una oficina.
Los movimientos indican que la lógica funcional de la banca pública brasileña ha cambiado, no en vano el Banco do Brasil informó antes a los mercados de su plan de ajuste que a sus propios trabajadores, que se enteraron por la prensa.
“Ellos (los sindicatos) creen que el banco público tiene que tener una función social, pero los accionistas no creen eso. Ya no se puede hablar de la función social de un banco”, sentencia el profesor Meirelles.
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