Ante la amenaza de una población menguante y envejecida que no puede hacer frente a las necesidades de empleo de su economía, Portugal ha flexibilizado su legislación para atraer a extranjeros emprendedores o altamente calificados, a quienes conseguir la residencia les será mucho más fácil desde este lunes.
Las solicitudes de residencia o de visados de los extranjeros que se dediquen a actividades altamente calificadas van a ser tramitadas de forma más rápida por los funcionarios portugueses, que van a digitalizar el proceso y permitir que se realice a distancia.
Son algunas de las alteraciones a la Ley de Extranjeros que entran en vigor este 1 de octubre, que forman parte de la estrategia del Gobierno socialista portugués para atraer inmigrantes y afrontar su más que evidente problema demográfico.
“Por más cuentas que se hagan, el aumento de la natalidad no basta para reponer nuestro saldo migratorio. Necesitamos inmigración y, por ello, tiene que ser dicho con claridad: necesitamos atraer talento para vivir en Portugal”, defendió el primer ministro luso, António Costa, durante un acto el pasado abril.
Las cifras no dejan lugar a dudas: el Instituto Nacional de Estadística luso estima que Portugal seguirá perdiendo habitantes en las próximas décadas y pasará de los 10,3 millones de residentes actuales a apenas 7,7 millones en 2080.
La población lusa no sólo irá menguando sino que además estará más envejecida, como ya se empieza a notar: Portugal tenía en 2016 una de las proporciones de jóvenes más bajas de la Unión Europea (14%), según datos del Eurostat.
Ante estas cifras y previsiones, se han multiplicado las alertas desde organismos nacionales, internacionales y expertos, la última de ellas lanzada esta misma semana en la IV Conferencia sobre Turismo celebrada en Lisboa.
En este foro, el consejero delegado del Lloyds Banking Group, el portugués António Horta-Osório, consideró la cuestión demográfica como la “más importante en términos estratégicos” para la economía del país y propuso como una de las posibles soluciones poner en práctica una “política de inmigración inteligente y con criterio”.
Al igual que “Australia, Canadá o Singapur”, el banquero quiere que Portugal atraiga trabajadores “con las competencias que faltan al país”, mensaje que el Gobierno luso parece tener claro.
La legislación que entra en vigor este lunes, según recoge el propio texto, busca “dar respuesta a las dificultades de las empresas” en ámbitos como la innovación y la tecnología, estrategia en la que también se incluye un visado especial dirigido a fundadores de compañías emergentes llamado “Startup visa”.
Este visado será concedido a emprendedores que prueben que sus proyectos empresariales tienen el potencial de alcanzar un valor de 325.000 euros o un volumen de negocios anual que supere el medio millón de euros en un plazo de tres años.
La nueva legislación también simplifica los procedimientos para que estudiantes de países de lengua portuguesa, trabajadores que lleguen a Portugal mediante un traslado dentro de su empresa y alumnos e investigadores que participan en programas de movilidad puedan tramitar su visado o residencia más rápido.
Además, se va a facilitar la regularización de inmigrantes que llegaron sin visado de entrada, que podrán acogerse a la autorización de residencia por razones humanitarias si demuestran que trabajan desde hace un año en territorio luso.
Todo ello para aumentar la población residente y la mano de obra de un país que en los últimos años ha perdido a muchos jóvenes que emigraron en busca de un futuro mejor: medio millón de portugueses, según estimaciones oficiales, abandonaron el país entre 2011 y 2016.
El Gobierno luso también quiere traer de vuelta a estos jóvenes y anunció hace un mes que va a incluir en el próximo presupuesto incentivos para impulsar su retorno, con una rebaja del 50 % en el impuesto de la renta y ayudas para la repatriación y el alojamiento.
La medida, no obstante, no fue bien acogida por las comunidades de portugueses en el exterior, que la calificaron de “electoralista” y criticaron que no ofrece garantías para los jóvenes que decidan volver al país.
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