Parece que el régimen y sus asesores extranjeros nos quieren llevar a una “fase superior de la sociedad comunista”. Eso sugiere el Decreto 3.601 del 31 de agosto que contempla un salario mínimo mensual de 1.800 bolívares soberanos que en la práctica se está transformando en un salario único. El Decreto desconoce de facto los contratos colectivos y se transforma en un mecanismo de dependencia ante el Estado.
En 1875 Carlos Marx planteaba, en cuanto a las remuneraciones, que “en la primera fase de la sociedad comunista” se aplicaría el principio de “a cada quien según su aporte”. Pero su objetivo era la igualdad de todos bajo un Estado que fuese el dueño de los medios de producción. Puesto que las capacidades de los hombres no son las mismas, afirmaba Marx, en la “fase superior de la sociedad comunista” la fórmula a aplicar debía pasar “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” (“De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins”).
Suena bien ante oídos incautos, pero no funciona. “Ahora todos somos iguales” me comentaba muy ufano un parlanchín trabajador revolucionario mientras me cambiaba un caucho. Poco días después pasé y la cauchera había cerrado.
Al declarar la inconstitucionalidad del decreto, la Asamblea Nacional plantea que el gobierno ha violado 80 años de lucha laboral y sindical. La Constitución establece que los derechos alcanzados son progresivos.
Art. 81: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios”
El referido Decreto destruye todo incentivo a la eficiencia, a la productividad y a la capacitación. ¿Para qué hacen falta, si todos son iguales? De paso, los medios de producción del Estado así como los que este ha expropiado están todos quebrados.
Desde el punto de vista económico el decreto es una aberración. En realidad, a nadie le importa cuántos bolívares gana. Lo que importa es cuántas cosas se pueden comprar con los bolívares que se ganan. Eso es lo que se llama el salario real.
Como cabía esperar, la reacción inmediata fue el cierre de innumerables establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Afecta a todos pero en particular a los más pequeños que, en conjunto, son los que más empleos aportan. El impacto fue especialmente doloroso en el sector educativo. Un gran número de colegios e institutos donde se impartía enseñanza desaparecieron.
Además, puesto que a partir del 1 de septiembre las liquidaciones tendrían que realizarse en función al nuevo salario, infinidad de patronos liquidaron antes a sus trabajadores o, peor aún, cerraron (como en el caso de la cauchera). El saldo fue un ejército de desempleados que pululan en las calles.
El más devastador impacto será de carácter monetario. El decreto impulsó una aceleración vertiginosa de la hiperinflación. El aumento del salario decretado se está escurriendo como sal y agua entre las manos de los trabajadores y al final el salario real caerá.
A pesar de la ficción de quitarle cinco ceros a la moneda, el aumento porcentual de la liquidez monetaria en poder del público está acarreando un incremento descomunal de los precios. En los siguientes 15 días a su entrada en vigencia, esa liquidez en poder del público (M2) aumentó en un 47%. Y es que al no disponer de ingresos para atender las necesidades del sector público derivadas del decreto, el régimen tendrá que recurrir aún con mayor intensidad al BCV para que financie sus gastos con dinero inorgánico. Por otra parte, para poder subsistir, las empresas trasladarán los costos del Decreto a los precios o bien disminuirán su nómina o ambas. Además, en una economía desabastecida por la caída de la producción, la especulación estalla de manera inevitable.
Las consecuencias del Decreto y del conjunto de políticas económicas del gobierno son obvias: hiperinflación, devaluación, destrucción del aparato productivo, caída del PIB y desempleo. Una tormenta perfecta.
Hay una desarticulación general de la economía. Mientras las políticas públicas no sean capaces de devolver la confianza, garantizar la seguridad jurídica, atraer inversiones, estimular las fuerzas productivas, aumentar la productividad y el salario real -todo en un ambiente de equidad social- la situación seguirá empeorando.
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