El gobierno de Nicolás Maduro rechazó que Francia apoyara la iniciativa de cinco países de América Latina y Canadá que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar al presidente por crímenes de lesa humanidad, al considerar que busca “un cambio de gobierno a la fuerza”.
“Venezuela manifiesta su más contundente rechazo a la actitud injerencista e intervencionista del Gobierno de la República Francesa, al ofrecer su apoyo a la tendenciosa iniciativa de un grupo de gobiernos (…) que pretenden instrumentalizar organismos internacionales con la intención de agredir a Venezuela y generar un cambio de gobierno por la fuerza”, señaló un comunicado de la cancillería divulgado este domingo.
El gobierno de Maduro considera que “atacar a Venezuela con fines populistas” sólo busca mejorar la “desprestigiada imagen” del presidente francés, Emmanuel Macron.
“La arrogante actitud asumida por el gobierno francés impacta negativamente las buenas relaciones que ambos países han sostenido por décadas”, añadió el texto.
Según el gobierno, la decisión de los siete países en cuestión también pretende aislar a Caracas y agravar las condiciones económicas y sociales del país petrolero, sumido en una grave crisis, con escasez de alimentos y medicinas, una hiperinflación que podría superar 1.000.000% este año -según el FMI- y la previsión de una recesión con caída 18% en su PIB.
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron una carta a la CPI para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos según ellos por el gobierno de Maduro, ahora con el apoyo de Francia.
“Francia considera que los esfuerzos de la Corte Penal Internacional tienen como naturaleza establecer los hechos que llevaron a esta crisis y, contribuir así a encontrar una salida”, escribió la presidencia francesa en un comunicado el sábado.
Francia también pide “encarecidamente a las autoridades venezolanas que inicien el diálogo con la oposición para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones, hallar una salida a la crisis política y contribuir a mejorar la economía venezolana”, acotó la nota.
En Venezuela hay denuncias serias de “detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso” inclusive de algunos menores de edad, dijo el miércoles el canciller argentino, Jorge Faurie.
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