El gobierno anunció el 29 de noviembre un conjunto de medidas las cuales pueden clasificarse en tres grupos: el aumento salarial, la devaluación del bolívar y el otorgamiento de bonos y otras asignaciones.
El aumento del salario mínimo hasta Bs 4.500 implica un incremento de 150% que aplicado a una voluminosa nómina de trabajadores activos de más de dos millones y de jubilados y de pensionados que excede a los cuatro millones va a requerir un esfuerzo fiscal en momentos en que disminuyen las exportaciones de petróleo y los ingresos tributarios internos, producto de la depresión económica y la hiperinflación.
Ello quiere decir que los recursos saldrán de la maquinita de imprimir dinero sin respaldo, instalada en el BCV, con lo cual con toda seguridad las tensiones inflacionarias se potenciarán. Con esto, el salario mínimo se convierte en un mínimo salario. Atrás quedó aquella consigna vacía de la disciplina fiscal prusiana y el déficit fiscal cero.
La tarea inmediata no consiste principalmente en aumentar los salarios sino fundamentalmente en detener en seco la hiperinflación y para ello hace falta una combinación de acciones fiscales, monetarias, el anclaje del bolívar al dólar y refinanciar la deuda externa para aliviar la posición fiscal de la República. Sin estas medidas no hay solución estable a la hiperinflación.
El 17 de agosto el gobierno fijó la tasa de cambio del Dicom respecto al petro. En aquel momento un petro equivalía a un barril de petróleo y a su vez este se cotizaba en $60 por barril. Lo que es incomprensible es que el 29 de noviembre el mismo barril de petróleo tenía un valor de $ 2 por barril, pero el petro que equivalía a $60, a partir del 30 de noviembre tendría un valor de $150. Es decir, el petro que ha debido devaluarse, se revaluó. Esto es un absurdo monumental. Sin embargo, en la subasta realizada el viernes 30 de noviembre el dólar oficial acusó una depreciación de 76%, como ha debido suceder. Esta contradicción insalvable pone de manifiesto los serios problemas en el diseño de la política económica.
Con relación a la bonificación de la sociedad venezolana, ello encarna la naturaleza del régimen socialista, uno en el cual se procura hacer del ciudadano un sujeto pasivo en manos del Estado, que aguarda en su casa que le den un par de kilos de pernil, un pantalón y una camisa, todos ellos comprados en el exterior con lo cual se echa por tierra la cacareada estrofa del bloqueo económico.
Nuestra tesis es diferente y consiste estimular la creación de empresas para que éstas generen trabajo y el trabajador con su salario pueda comprar lo que más le satisfaga. Son dos visiones distintas, una la del socialismo del siglo XXI que propende a la sumisión del hombre haciéndolo reo del Estado y con ello matando su iniciativa y otra la de la liberación del hombre para hacerlo un ser libre y autodeterminado.
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