La cuenta regresiva terminará el 17 de marzo. Donald Trump amenaza con activar una vieja ley para castigar a las compañías extranjeras, incluso de países aliados de Washington, que “trafiquen” con antiguas propiedades norteamericanas en Cuba, una medida que busca espantar inversiones.
La norma permitiría a estadounidenses y a exiliados cubanos que se consideren afectados demandar en tribunales de Estados Unidos a firmas privadas por lucrar con bienes nacionalizados después de la revolución de 1959.
Se trata del Título III de la denominada Ley Helms-Burton (apellidos de los senadores que la promovieron) que data de 1996 y refuerza el embargo que aplica Washington contra la isla desde 1962.
“Alentamos a toda persona que realice negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando propiedades confiscadas e incitando a la dictadura”, dijo el Departamento de Estado el 16 de enero.
Por años, los gobernantes estadounidenses postergaban su entrada en vigor cada seis meses para evitar encontronazos con sus aliados.
Pero Trump podría quebrar esa práctica. El 1 de febrero fijó un plazo de 45 días para hacer una “revisión cuidadosa del derecho de actuar”.
Washington regresa al lenguaje de la Guerra Fría y desentierra millonarias reclamaciones pendientes desde la nacionalización de compañías extranjeras en 1960.
Todo ello ocurre mientras Trump le ajusta el cerco al chavista Nicolás Maduro, dice que “el comunismo tiene los días contados no sólo en Venezuela sino también en Cuba y Nicaragua” y busca castigar el “apoyo indefendible” de la isla a su aliado de Caracas.
-“Espada de Damocles”-
“Creo que lo que está buscando la administración del presidente Trump es crear confusión (…) ahuyentar las inversiones de Cuba”, dijo a AFP el embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Alberto Navarro.
La UE, el mayor socio comercial de la isla desde 2017, siente el anuncio como “una Espada de Damocles” sobre sus empresas en Cuba.
“Estamos viendo esto con muchísima preocupación (…) No podemos aceptar que un país quiera imponer su legislación fuera de sus fronteras (…), eso sería volver a la selva”, agregó.
Para el exdiplomático y politólogo cubano Jesús Arboleya, de aplicarse esta “aberración legal y política”, “Cuba tendrá que enfrentar nuevas afectaciones en el campo de las inversiones extranjeras”.
La isla está en ofensiva para captar inversión extranjera pero solo atrajo 2.000 millones de dólares en 2017, por debajo de los 5.000 millones anuales que necesita para estimular su economía.
“Nuestro país está preparado para afrontar cualquier medida de endurecimiento del bloqueo o incluso de puestas en aplicación de nuevos elementos de la ley Helms-Burton”, dijo el canciller Bruno Rodríguez.
De aplicarse “enfrentará una fuerte resistencia de nuestras contrapartes económicas, de inversión, financieras”, agregó.
-Los afectados-
Entre los posibles afectados estarían la canadiense Sherritt International, que tiene una empresa mixta que incluye la planta de níquel Pedro Soto Alba, antigua propiedad de la Moa Bay Mining Company, que reclama 88 millones de dólares.
También el emblemático Hotel Habana Libre, antiguo Hilton, administrado ahora por la española Meliá.
En la década de los años 60 Fidel Castro nacionalizó las empresas extranjeras. Compensó a compañías de Canadá, Suiza, España, Francia y Gran Bretaña, pero la ruptura de relaciones y el embargo impidieron un entendimiento con Washington.
Una Comisión para el Arreglo de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC), entidad gubernamental norteamericana, certificó casi 6.000 reclamaciones por un monto de 1.900 millones de dólares.
Con un interés anual de 6%, serían 6.000 millones actualmente, según un reconocido estudio de Richard Feinberg, de Latin America Initiative del Brookings Institution de Washington.
Pero el Título III también valida las reclamaciones de emigrados cubanos naturalizados estadounidenses, lo que aumentaría en decenas de miles los casos judiciales, creando un caos.
“Hay quienes se frotan las manos ante la entrada en vigor del Título III (…) sueñan con dar marcha atrás al reloj y despertar en la Cuba de antes de 1959. Carecen de perspectiva histórica”, dijo a la AFP la académica cubana María Isabel Alfonso, del St. Joseph’s College de Nueva York.
Pero “de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario y las prácticas judiciales del país, Estados Unidos solo aboga por los demandantes” que eran ciudadanos norteamericanos en el momento de la confiscación, afirma Feinberg.
Cuba reaccionó a la Helms-Burton con la Ley 80, que excluye de compensación a “cualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos de América” que utilice la Helms-Burton.
Acepta indemninzar a los norteamericanos, pero simultáneamente reclama el pago de 300.000 millones de dólares por “daños materiales y humanos” causados por el embargo y otras políticas de Estados Unidos.
Tras la reanudación de relaciones diplomáticas bajo el gobierno de Barack Obama, se realizaron dos reuniones bilaterales informativas sobre el tema, en diciembre de 2015 y junio de 2016.
Pero ese proceso, como muchos otros entendimientos bilaterales, está detenido.
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