Con la más reciente tanda de sanciones, el gobierno de Estados Unidos no solo intentó impedir la presunta corrupción con la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, sino que también buscó impedir las operaciones con oro que se han convertido en una fuente de financiamiento fundamental para el gobierno de Nicolás Maduro.
«Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Al agravarse la crisis económica, el gobierno de Venezuela creó en 2016 un programa para proporcionar alimentos subsidiados a los pobres, que Alex Saab y un socio comercial, Álvaro Pulido, organizaron para que los alimentos se importaran «a la tasa más rentable para ellos», dijo el Tesoro en un comunicado.
«A sabiendas de Maduro, Saab recogió ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP», apuntó el texto, subrayando que este esquema les reportó cientos de millones de dólares.
Con las sanciones, el Tesoro bloquea todos los bienes y activos que los afectados tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíbe toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
«Cerramos la puerta para que Maduro use el programa CLAP para enriquecerse y enriquecer a su familia. Eso se acabó», dijo un alto funcionario estadounidense.
En diálogo con AFP, bajo condición de anonimato, explicó que ante la escasez de divisas a principios de 2018, Maduro le otorgó a Saab el monopolio de la venta de oro extraído ilegalmente del Arco Minero del Orinoco, donde, según dijo, se vierten cantidades de mercurio tan enormes «que los lagos se pueden ver desde el espacio».
«Saab estableció compañías en Turquía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), adonde enviaba el oro por avión, lo cambiaba por dólares y luego comenzaba el proceso nuevamente», señaló.
El funcionario del Departamento del Tesoro dijo que Saab trabajó con el ex vicepresidente Tareck El Aissami, actual ministro de Industrias, para montar esa estructura, que tuvo apoyo del Bandes y del Banco Central de Venezuela (BCV).
Estados Unidos sancionó al sector del oro venezolano en noviembre de 2018, y al Bandes y al BCV, en marzo y abril pasados, respectivamente.
Entre las empresas y bienes bloqueados por su presunta vinculación con este esquema fraudulento hay firmas registradas en EAU, Hong Kong, México, Turquía, Panamá, Colombia y Delaware (Estados Unidos), así como un apartamento de lujo en Miami.
Hace una semana, México congeló las cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta al gobierno de Venezuela de alimentos de baja calidad y con sobreprecio, dirigidos a la población más pobre del país.
Dos empresarios colombianos, Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados en Estados Unidos de lavar unos 350 millones de dólares, a través de un supuesto fraude aprovechando el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, informó el Departamento de Justicia.
Saab y Pulido, sancionados más temprano por el Tesoro estadounidense por orquestar «una red de corrupción» en el programa CLAP de subsidios alimentarios del gobierno venezolano, fueron imputados cada uno en una acusación de ocho cargos: uno de conspiración para cometer lavado de dinero y siete de lavado de dinero.
Según la acusación formal, desde noviembre de 2011 y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros colombianos en Miami para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal, transfiriendo unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela, hacia o a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Ambos empresarios fueron contratados por el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos.
Supuestamente se beneficiaron entonces del tipo de cambio oficial, que les permitía comprar dólares estadounidenses a una tasa favorable, al presentar documentos de importación falsos para materiales que nunca llegaron a Venezuela, y sobornar a funcionarios del gobierno chavista para que los aprobaran.
La acusación alega que este esquema violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en inglés), una norma estadounidense con disposiciones anti-soborno, con delitos en contra Venezuela.
Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por los cargos imputados.
Este jueves, el Departamento del Tesoro dijo que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos con sobreprecios vinculados al plan de ayuda alimentaria de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, en una confabulación que incluye a los tres hijastros del presidente venezolano Nicolás Maduro, así como a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.
Pulido, antes conocido como Germán Rubio, también fue incluido en esa lista negra.
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