El representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, dijo este miércoles que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visite Venezuela para investigar la muerte del militar Rafael Acosta Arévalo.
El capitán de corbeta Acosta Arévalo murió bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro, tras haber sido detenido acusado de conspirar contra el presidente.
«El planteamiento es que la Comisión se traslade a Venezuela para ver la situación general de derechos humanos (…) con énfasis especial en el caso del capitán Acosta Arévalo», dijo Tarre en rueda de prensa.
En una carta, Tarre propuso a la CIDH que en el marco de una llamada visita ‘in loco’, a realizar «con carácter de urgencia», se establezca un «mecanismo especial de investigación» de los «graves hechos relacionados con las denuncias de desaparición forzosa, tortura y ejecución arbitraria» de Acosta Arévalo.
El militar fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana. El 28 de junio fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital militar, donde murió en las primeras horas del 29 de junio.
«El cuerpo no ha sido devuelto a los familiares de manera de que no hay forma de garantizar una autopsia independiente. Pedimos a la CIDH que realice esta investigación para determinar quiénes son los culpables», dijo Tarre.
Un sargento y un teniente de 22 y 23 años fueron arrestados el lunes por la muerte de Acosta Arévalo, que desató una ola de condena internacional.
«Pero pensar que estos son los verdaderos culpables es una denegación de justicia. Si fuera cierto que estos son los autores materiales, los culpables son los que dan las órdenes y esa culpabilidad empieza en Nicolás Maduro», apuntó Tarre, pidiendo que la investigación se enfoque «primordialmente» en los «autores intelectuales».
Acosta Arévalo integraba un grupo de 13 personas detenidas por supuestamente intentar un «golpe de Estado» contra Maduro. Según el gobierno venezolano, el golpe debía realizarse los días 23 y 24 de junio e incluía el asesinato del presidente y altos funcionarios.
Venezuela no ha permitido visitas de la CIDH desde 2002, acusándola de haber convalidado el fallido golpe de Estado ocurrido ese año contra el fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro.
Chavez denunció en 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero Venezuela sigue sujeta a la jurisdicción de la CIDH en tanto miembro de la OEA. Sin embargo, el gobierno de Maduro, que se retiró de la OEA en abril, no reconoce sus competencias.
Tarre dijo que una nueva eventual negativa del gobierno de Maduro a dejar ingresar a la CIDH sería muy elocuente.
«Si no les dejan entrar pues no hace falta más nada. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si ellos no quieren ser investigados es porque algo temen», afirmó.
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