Venezuela requiere urgentemente numerosos esfuerzos para iniciar un proceso de corrección de rumbo. En materia económica el extravío es absoluto. Ni siquiera se diseña ni instrumenta un programa mínimo y potencialmente creíble de estabilización macroeconómica –políticas commodities hoy día a nivel mundial- que permita la estabilidad mínima requerida para el desarrollo de las más elementales actividades económicas, comerciales y de inversión.
Para muchos, sin credibilidad por parte de los actores de política pública, resultará difícil crear confianza y quebrar expectativas adversas, por ejemplo y especialmente en contra de cualquier signo monetario que se encuentre en manos y responsabilidad de la actual administración pública (véase el bochornoso episodio del Petro, “nuevo” mecanismo de inyección de dinero inorgánico a la economía nacional).
Un tema que no resulta para nada menor que no abordaremos en el presente artículo es si en lo político, hoy día y en términos esperados en el futuro cercano el poder es disputable y si dependiendo de ello, es posible vivir en una situación de “second best” de diseño de nuevas y eficientes políticas públicas que sean adoptables voluntariamente por la presente administración por no sentir amenaza respecto a las mismas y aliviar sufrimiento a los venezolanos (incluso podría pensarse que no tendría por qué sacrificarse objetivos de mediano plazo de cambio político con el de corto plazo de emergencia económica-social. Obviamente dicha tesis dependerá de la probabilidad que se asigne a la posibilidad de un cambio político en el corto plazo, basado en premisas reales como capacidad estratégica efectiva y comprobable).
Efectivamente esta visión puede pecar de “pragmática” pero en la medida que en términos esperados alivie sufrimiento no parece ser socialmente indeseable, mientras que para muchos nacionales y analistas la situación de conflicto les parece que benefician a sólo un reducido número de nacionales. Dilemas como el anterior no son nuevos en la humanidad y la ruta que ciertos países han tomado a partir de estos, disímiles entre sí, han implicado subsumir a sus poblaciones en la más lamentable miseria, o han permitido sacarlos de la miseria alternativamente y contraposición).
En específico, en materia microeconómica, preocupa la ausencia de políticas y de una comprensión de esta dimensión económica que coadyuve a facilitar el desarrollo de un marco institucional y de incentivos que fomente, multiplique y proliferare la actividad económica, la inversión, la generación de empleos y la recuperación de la demanda interna en términos reales.
Por ejemplo, la propia contradicción manifiesta en las posiciones respecto al futuro económico inmediato del país entre distintos representantes de sectores económicos en Venezuela, constituye una muestra de que no se cuenta con criterios uniformes que lleven a dichos gremios a conclusiones armoniosas y similares.
Con partir de un paradigma de un estado benevolente, contando con un robusto análisis microeconómico de las políticas públicas, podría haber coincidencia respecto a diseños de política que deben acometerse; diseños que se encontrarían inmunes a discusiones políticas interesadas y especialmente a las de corte populista.
Solo para usar un ejemplo: la actual discusión respecto a la liberación de aranceles a la importación de productos terminados y su impacto sobre la economía nacional, primero, como lo comentáramos en un artículo anterior, resulta más robusto utilizar el paradigma o criterio del bienestar social más que el del excedente del consumidor a la hora de pensar este tipo de política pública.
Segundo, podría ponderarse conjuntamente la preocupación sobre la continuidad de la reducida actividad y el tejido industrial en el país con la necesidad de atender necesidades de consumo por parte de la población, por ejemplo y específicamente en materia de productos que en la actualidad no se están produciendo en el país, valorando la posibilidad de diseñar mecanismos de licencias para industriales basadas en mecanismos de competencia por el mercado que les permita utilizar parte de su estructura ya instalada, evitándose el desarrollo de nuevas acometidas comerciales “oportunistas” de corto plazo y atendiendo las necesidades de la demanda nacional.
Tercero, en el mundo hoy día se discute, por razones distintas a las nuestras –piénsense en nuevos servicios basados en plataformas que facilitan el intercambio entre partes, sin que el que presta el servicio haya constituido un oferente tradicional en dicho mercado, por ejemplo, servicio de traslado y servicios de alquiler- el trato discriminatorio o más específicamente la falta de cumplimiento de numerosas regulaciones que han venido acumulándose sobre operadores, prestadores de servicios o industriales tradicionales y que no están siendo aplicadas a los nuevos modelos de negocio y los nuevos oferentes (“oferentes no tradicionales”).
Nuestro caso, aun cuando equivalente, pero por razones diferentes, los industriales venezolanos manifiestan su preocupación por analizar y prestar atención a la sobre-carga normativa o de aranceles que recaen a lo largo de su cadena de valor y que repercuten sobre costos y precios dejándolos “artificialmente” en detrimento para competir contra los productos de origen importado.
Este tema no es menor ni de fácil respuesta porque más allá de cualquier sospecha sobre una eventual pugna de grupos de interés –por ejemplo, consumidores versus industriales, o industriales versus importadores- puede llegar a cuestionarse, incluso la naturaleza y pertinencia regulatoria de dichos cargas normativas o arancelarias que sólo recaen sobre un grupo de oferentes.
En el caso de objetivos normativos de seguridad o calidad posiblemente su pertinencia sea difícil de cuestionar y por ello ha obligado a estados a pensar cómo incorporar a todos los oferentes, especialmente los no tradicionales a su cumplimiento. Pero en el caso arancelario, si se ha beneficiado al consumidor en el caso de los productos de origen importado, debería ser consistente dicho criterio respecto a los insumos y a la cadena de valor industrial doméstica (fíjense que sin tener que siquiera mencionar el problema de distorsión en la competencia que se produce producto de este tratamiento desigual cobra sentido la discusión del presente tema, lo que no significa que no resulte de importancia la competencia por la propia premisa que una mayor competencia redundará en mayores beneficios a los consumidores finales).
Como el tema anterior existen numerosos issues, sectores económicos, políticas públicas y características del marco institucional que requieren análisis económicos robustos para diseñar y proponer alternativas y soluciones. ¿Para cuándo dejaremos estas numerosas tareas pendientes?
Enrique González – Economista UCV
Fuente: https://ift.tt/2T2Zqoz
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