Las constructoras peruanas Graña y Montero e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) negaron haber estado al tanto de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht entregó a funcionarios peruanos para adjudicarse en consorcio con ellas la licitación de una carretera.
Ambas compañías rechazaron en sendos comunicados difundidos hoy en medios locales las confesiones hechas a la Fiscalía peruana por el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien afirmó que estas conocían los pagos ilícitos realizados para adjudicarse la Carretera Interoceánica del Sur.
Graña y Montero negó “rotundamente” lo declarado por Barata al fiscal anticorrupción Hamilton Castro, en el marco de la colaboración eficaz a la que el ejecutivo se acogió para facilitar las investigaciones a cambio de obtener una reducción de la condena que se le impondrá próximamente.
“Nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno, en relación a algún tipo de soborno o reembolso por pagos de ese tipo, realizados por Odebrecht”, indicó Graña y Montero.
ICCGSA señaló igualmente que “ni la compañía ni sus funcionarios tenían conocimiento ni participaron en los actos ilícitos reconocidos por Odebrecht” en los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
Las dos constructoras peruanas manifestaron su disposición a colaborar con las investigaciones y expresaron su máximo interés en que se conozca la verdad.
Según la declaración de Barata al fiscal, publicada este viernes en el semanario Hildebrant es sus trece, “ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería”, aunque admitió que no conocían en detalle el acuerdo con el Gobierno peruano.
Esa afirmación provocó que las acciones de Graña y Montero se desplomaran este viernes un 33,33 % en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), debido a una ola de ventas de sus papeles por temor a un grave daño en la reputación de la constructora.
Barata contó en esa misma declaración que su empresa pagó 20 millones de dólares en sobornos al expresidente de Perú Alejandro Toledo para que favoreciera a la constructora brasileña en la licitación de la Carretera Interoceánica, lo que motivó una orden de capturado internacional contra el ahora imputado.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que contempla los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
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