El Ministerio Público logró privativa de libertad para el superintendente de Ingeniería de Instalación del Terminal de Almacenamiento de Crudo del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, perteneciente a Pequivén, Ramón Antonio Castillo Vargas, de 54 años, por presuntamente estar vinculado con la adquisición e instalación irregular de monoboyas para la carga de buques petroleros.
Por este caso está detenido el exgerente general de estas instalaciones, Jesús Cornelio Osorio Virguez, quien fue imputado por los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir.
En la audiencia de presentación, los fiscales 55º nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, imputaron a Castillo Vargas por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir, previsto y sancionado en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados y tras la solicitud de los fiscales, el Tribunal 4º de Control de Anzoátegui dictó la medida privativa de libertad contra el Superintendente de Ingeniería, quien fue recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Barcelona.
Adicionalmente, los fiscales solicitaron las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles e inmovilización de cuentas bancarias del hombre, lo cual fue acordado por la referida instancia judicial.
La investigación se inició en 2015 luego de la denuncia realizada por funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., quienes detectaron algunas irregularidades en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo del criogénico relacionada con la adquisición, desinstalación e instalación de dos monoboyas por la cantidad de 76.2 millones de dólares americanos. Se presume el sobreprecio en la negociación de los referidos equipos.
Ante varias diligencias de investigación, el ahora imputado fue detenido en horas de la tarde del pasado miércoles 22 de febrero por funcionarios de la Dgcim, en atención a la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.
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