El vicepresidente Tareck El Aissami, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, y los ministros del gobierno venezolano presentarán sus informes de gestión del año pasado ante la Justicia, evitando hacerlo -como establece la Constitución- ante el Parlamento, controlado por la oposición.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, declaró este viernes a la Asamblea Nacional en “omisión legislativa”, por considerarla en desacato por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue anulada por denuncias de fraude.
“Si bien en situaciones de normalidad (…), los ministros o ministras deberían presentar (su informe) ante el Parlamento (…), no es menos cierto que ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo Nacional, tal actuación (…) no debe tener lugar ante el mismo”, señaló una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.
Así, los funcionarios expondrán su memoria y cuenta ante el máximo tribunal del país el viernes de la próxima semana.
Ya lo hizo de esa forma el presidente Nicolás Maduro en enero, autorizado por el TSJ por idénticas razones.
El fallo se produce un día después de que la mayoría opositora en la cámara aprobara un voto de censura contra el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, al culparlo de la crisis del sector durante 2016. Ello implicaría, según la Constitución, su destitución.
“Yo sigo siendo el ministro hasta que el presidente lo decida”, dijo Motta este viernes a la televisora estatal VTV.
La sentencia del TSJ ratificó que, al estar en desacato, todos los actos del Parlamento “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”.
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