La legislación “Order 2018”, la cual entrará en vigencia a partir del 26 de febrero, fue publicada por el Reino Unido para dictaminar la prohibición, venta, suministro, transferencia y negociación a cualquier persona que haga vida comercial en el Reino Unido y funcionarios del gobierno de Venezuela.
El reglamento en cuestión desarrolla una serie de medidas, sancionatorias, punitivas y restrictivas, como la prohibición por parte de los Estados Miembros de la Unión para la venta de armas y equipos para su mantenimiento, así como la elaboración de una lista de funcionarios gubernamentales.
En tal sentido, el Reino Unido dispone: prohibición de la venta o transferencia de equipos, proporcionar asistencia técnica, corretaje, financiamiento o asistencia financiera, servicios de telecomunicaciones o de monitoreo o interceptación de Internet en beneficio del gobierno de Venezuela a organismos públicos, corporaciones y agencias o cualquier persona o entidad que actúe en su nombre, sin autorización previa.
Una persona comete una ofensa y puede ser multada y arrestada por seis meses si participa, consciente e intencionalmente, en una actividad cuyo objeto o efecto sea directa o indirectamente con el gobierno venezolano.
Las sanciones vienen luego que el año pasado el Reino Unido, expresara que ha vendido equipo militar por valor de millones de libras a Venezuela en la última década. Por lo que la primer ministra Theresa May llamó a suspender las licencias de exportación controlada mientras el país estuviese en manos de violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
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